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JUSTICIA

27 de diciembre de 2016

Procesaron a Cristina por la obra pública y ordenaron un embargo de $10 mil millones

Es en una causa por las obras viales entregadas al grupo Austral Construcciones de Lázaro Báez, quien también fue procesado junto a Julio De Vido y José López, entre otros. Para el juez, hay una asociación ilícita.

Antes de finalizar el año el juez Julián Ercolini procesó y embargó en $ 10.000 millones a Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La medida alcanza a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente), además de otras ex autoridades de Vialidad Nacional y Provincial. El procesamiento también se dictaminó sobre el empresario K favorecido con U$S 3.300 (valor actualizado) en contratos viales.

En el marco de la causa que investiga una matriz de corrupción en la obra pública y lo que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calificaron como un “plan criminal” para favorecer a Báez, preso hace ocho meses, el juez Ercolini avanzó con el procesamiento de Cristina Kirchner por "asociación ilícita" como principal autoridad del gobierno que según la auditoría de Vialidad Nacional, fue favorecido con 52 contratos que en un 50 % quedaron inconclusos pero que cobró con sobreprecios por encima del 65 %.

El embargo de $ 10.000 millones recae sobre la ex Presidenta. También por la misma suma sobre Julio De Vido, José López, Nelson Periotti (ex director de Vialidad), Carlos Kirchner, el empresario K Lázaro Báez. Otros funcionarios de menor rango fueron embargos en sumas menores.

Citando los argumentos de Pollicita, el Juez señala que la ex Presidenta, De Vido, López, Carlos Kirchner, y las autoridades nacionales y provinciales de Vialidad, habrían "formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

Asimismo, el Magistrado consideró que este dinámica habría "perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional" con el fin de procurar "un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Báez".

Agencias:Tèlam-DyN



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