NUEVA YORK.- El primer pago oficial bajo la ley de pago soberano de la deuda fue recibido en Nueva York sin sorpresas ni estridencias, como un acto simbólico ante una realidad que aquí se ha reiterado hasta el cansancio: el mecanismo diseñado por el Gobierno y aprobado por el Congreso es impracticable.

El Gobierno depositó ayer en una cuenta en Buenos Aires US$ 161 millones para afrontar un nuevo vencimiento de intereses del bono Par regido por la legislación de Nueva York, pese a la orden del juez Thomas Griesa, que había declarado ilegales los intentos de pago y colocado al país en desacato. Pero ayer aquí se insistió en que el andamiaje legal que rige a los papeles de la deuda hace que sea casi imposible concretar ese pago y eludir los canales bloqueados por Griesa.

El Bank of New York Mellon (BoNY) reiteró que aún es el agente de pagos del país y que acatará las órdenes del juez, que le prohibió transferir cualquier dinero destinado a los bonistas a menos que tuviera pruebas de que la Argentina pagó también la sentencia a favor que tienen en sus manos los fondos buitre NML, Aurelius Capital, Blue Angel y 13 ahorristas argentinos que acorralaron al país en los tribunales de Estados Unidos. "BoNY Mellon permanece como fiduciario de los bonos reestructurados bajo los términos del contrato [...] y continuará cumpliendo con las órdenes judiciales vinculantes que rigen sus acciones", indicó la entidad en un comunicado enviado agencia. 

Con la ley de pago soberano, la Argentina rompió relaciones con el BoNY, que tiene a su cargo la responsabilidad de transferir los fondos a otras entidades financieras que participan de la cadena de pagos de la deuda. Griesa también dijo que el intento de la Argentina de desplazar al BoNY era ilegal y ratificó el rol de agente de pago del banco.

Clearstream, una de las entidades que forman parte de la cadena de pagos que une a la Argentina con los bonistas a través del BoNY, brindó un mensaje similar de respeto a las decisiones del juez. "Clearstream está siguiendo la situación de cerca y siempre cumple con las órdenes del tribunal sobre este asunto", dijo un vocero, según la agencia Reuters.

Ellos y sólo ellos tienen la información y los medios para llevar el dinero depositado hasta a los bonistas, y por eso el depósito que hizo el Gobierno en una cuenta en Nación Fideicomisos se vio aquí como un acto simbólico que cumple un doble papel: mostrar voluntad de pago del Gobierno y desafiar las órdenes del juez.

"La Argentina ratifica una vez más su compromiso inquebrantable de cumplir todas sus obligaciones respecto de los bonistas", señaló en un comunicado el Ministerio de Economía (ver aparte).

Cristina Kirchner reforzó luego el mensaje al hablar desde el Salón de la Mujer de la Casa Rosada. "¿Por qué no dejan que la Argentina pague su deuda que quiere pagar?", preguntó la jefa del Estado, en un discurso en el que envió mensajes muy duros a Griesa y al Departamento de Estado de Estados Unidos, que horas antes había emitido una declaración protocolar que reiteraba, por enésima vez, la postura del gobierno de Estados Unidos frente al caso argentino.

"El pago no cambia nada", graficó a un analista de un banco de inversión. La referencia hizo eco, una vez más, al statu quo en el que ha quedado sumida la pelea de la Argentina con los fondos buitre frente al punto muerto en las negociaciones entre el Gobierno y los demandantes para llegar a un acuerdo y ponerle fin a una disputa que ya lleva más de una década.

El dinero depositado por el Gobierno ha pasado así a formar parte del limbo legal en el que ha caído una parte de la deuda pública del país a partir de los fallos de Griesa.

Con nulas esperanzas respecto del éxito del plan de pago soberano o de las negociaciones, quienes siguen la disputa aguardan, ahora, las próximas novedades legales: la definición final de Griesa sobre el futuro de los bonos gobernados por la ley argentina en dólares y las eventuales sanciones por el desacato. En este punto, importa sobre todo saber si habrá sanciones "no monetarias", que podrían complicar aun más a la Argentina.

UNA CONVENCIÓN QUE JAMÁS RIGIÓ

NUEVA YORK.- La Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, el documento internacional a que hizo referencia el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para rechazar el desacato dictado por el juez Thomas Griesa contra la Argentina, no fue firmado por el Gobierno. La convención fue aprobada en Nueva York en diciembre de 2004, cuando era presidente Néstor Kirchner, y fue firmada sólo por 28 países. EE. UU. tampoco adhirió, al igual que la Argentina. La convención no entró en vigor porque para eso se requería la firma de al menos 30 países. Los únicos dos países de América latina que la firmaron fueron México y Paraguay.

EL GOBIERNO HIZO EL DEPÓSITO PARA LOS BONISTAS

• El Ministerio de Economía informó que el Gobierno depositó los montos correspondientes a los intereses de los bonos Par emitidos en los canjes 2005 y 2010 sujetos a la legislación del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, y a la legislación de Inglaterra y Gales por el equivalente a US$ 161 millones.
• El Palacio de Hacienda indicó que "la Argentina ratifica una vez más su compromiso inquebrantable de cumplir todas sus obligaciones respecto de los bonistas y contribuir mediante las medidas que estén a su alcance a preservar su derecho a cobrar las sumas que les corresponden bajo los títulos de deuda, el cual se encuentra indebidamente obstaculizado por el incumplimiento de The Bank of New York Mellon de sus obligaciones como agente fiduciario".
• Del total, sólo se pudieron distribuir en 5 millones de dólares por parte del Citibank, que fue autorizado por el juez Thomas Griesa para pagarles a los bonistas.

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