"Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye 'per se' un delito ni viola la ley". Así ha respondido Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería del Gobierno argentino de Mauricio Macri, después de conocer que su nombre está incluido en dos sociedades 'offhsore', una de las cuales se benefició de más de una decena de licitaciones para proveer gasoil al Estado durante todo el año 2016.

De los Paradise Papers han salido salpicados al menos dos ministros argentinos. Además de Aranguren, ya lo fue el titular de Finanzas, Luis Caputo: según los Paradise Papers, fue administrador de la sociedad Noctua Partners, un fondo de inversión en Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán. Aranguren, tal y como confirmó el diario 'La Nación', estaba en el directorio deShell Western Suplly & Trading Ltd.

Shell Western se benefició de doce licitaciones para proveer 650.000 metros cúbicos de gasoil al Estado durante todo el año 2016, cuando Aranguren ya había asumido el cargo de titular de la cartera de Energía. La petrolera llegó a facturar cerca de 240 millones de dólares. Esta se convirtió en proveedora después de ganar las licitaciones de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), organizadas por YPF. Aranguren ha reconocido que fue director de esta sociedad con sede en Barbados, pero que dejó el cargo "hace más de 12 años".

Shell es una subsidiaria con sede en Barbados que la petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell utiliza para sus operaciones en América Latina. Desde 2003 a 2015, cuando se sumó a la lista de Macri para las elecciones, Aranguren había presidido Shell Argentina. Las primeras siete contrataciones a Shell le valieron una denuncia penal, tramitada por un juez federal argentino. En el siguiente concurso, la 'offshore' se quedó con otros dos cargamentos y en junio se adjudicaron otros tres pedidos. La otra compañía es una con sede en Barbados, Sol Antilles and guianas Ltd., en cuyo directorio figura Aranguren en 1996.

Tras la publicación de su nombre, el ministro ha emitido un comunicado para aclarar su participación en estas dos empresas, y ha recordado que Royal Dutch Shell tiene "actividades en múltiples países del mundo" y que él en varias ocasiones tuvo "presencia en directorios de varias compañías donde el grupo tenía intereses". Pero, ha recordado, "operar comercialmente en los países antes mencionados —Australia y Reino Unido son los que mencionam donde trabajó con países angloparlantes de África, de Latinoamérica— tampoco es un delito".

"No hay una prohibición legal de realizar actividades comerciales en dichos países. Cabe aclarar además que mientras estuve en la empresa, las filiales se dedicaron exclusivamente a actividades petroleras", ha matizado, indicando que no hay razón para relacionar sus actividades con compras de Gas Natural Licuado y gasoil con sus gestiones de Gobierno.

"Quiero aclarar una vez más que, tal como lo ordena la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, desde que soy ministro no tuve participación en ninguna operación adjudicada a Shell ni en ninguna otra actuación referida particularmente a Shell. Todas las compras de ENARSA y CAMMESA se hacen a través de licitaciones públicas, abiertas y transparentes, en las que se convoca a proveedores de todo el mundo", ha añadido, recordando que cada una de las licitaciones, independientemente de quién sea el adjudicatario, se adjudican "a la oferta más conveniente para el erario".

Sin intervención en los casos de Shell
"Sin embargo, cuando la oferta seleccionada es de Shell me abstengo de intervenir y ordeno el envío de las actuaciones al ministro de Producción, que me subroga como consecuencia de mi excusación en todo lo relacionado particularmente a mi anterior empleador, conforme lo aprobara el presidente (Mauricio) Macri por el decreto 1006/2016", ha explicado.

Por último ha querido recordar que en septiembre de 2016 —cuando ya llevaba un año en el cargo de ministro— se desprendió de sus acciones en Shell, que eran "fruto" de sus "36 años de trabajo en la empresa". "Lo hice siguiendo una recomendación de la Oficina Anticorrupción aun cuando ese mismo organismo aclaró que no había una obligación legal de hacerlo. Dejé constancia de los montos percibidos ante escribano público y en mi última Declaración Jurada correspondiente al año 2016 presentada ante la Oficina Anticorrupción", ha concluido.