Un decreto presidencial que se publicó ayer en el Boletín Oficial y establece un incremento de $ 202.026 millones en el gasto, uno de los grandes adversarios según Mauricio Macri para conformar un país sustentable.

Con el aumento de las erogaciones, que representan un 7% del presupuesto estimado vigente hasta ayer ($ 2.622.473 millones), el déficit financiero empeora en otros $ 135.521 millones, según surge de los cálculos que hizo la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sobre la base del decreto de necesidad y urgencia 1013.

Pese al incremento del gasto, los especialistas creen que no está del todo en riesgo el cumplimiento de las metas para este año, aunque sí reconocen una reducción del margen de maniobra oficial. "Esto compromete más la meta fiscal, pero no implica que se vaya a incumplir, porque el Gobierno tiene espacio para frenar ciertos gastos y a partir de esa subejecución cumplir con el objetivo del 4,2% [del producto]", explicó aLA NACION Rafael Flores, presidente de ASAP.

Fuerte aumento en los gastos corrientes

La norma establece un fuerte aumento de los gastos corrientes, en torno a los $ 230.650 millones. Se trata de los más dolorosos desde la mirada oficial, ya que apuntan a cubrir principalmente salarios y las necesidades operativas de los organismos, pero no obras de infraestructura ni inversiones que perduren, que en la práctica se reducirán.

De hecho, las partidas para atender gastos en personal treparon $ 9860,3 millones, para atender los incrementos de las paritarias que se hicieron este año. Entre los principales beneficiados están la Anses, el Consejo de la Magistratura, la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y el Ministerio de Agroindustria y sus organismos descentralizados.

Para asimilar el impacto de la movilidad de ANSES

También aumentan en $ 59.368 millones las asignaciones presupuestarias destinadas al pago de prestaciones previsionales, a fin de incorporar el impacto de la fórmula de movilidad que aplica la Anses.

Una parte sustancial de los fondos nuevos se destinará al pago de intereses de la deuda soberana por $ 78.091 millones, tanto en moneda local como extranjera.

Otra porción del incremento del gasto engrosará los subsidios sociales en $ 21.331,6 millones. En menor medida crecerán las transferencias para subvencionar la energía y otras empresas privadas por $ 10.000 millones. Si bien el número es importante, resulta muy pequeño en comparación con los que había en otras épocas en que el gas y la electricidad eran más baratos para los consumidores, pero mucho más costosos si se los miraba desde las cuentas públicas. Las provincias y los municipios, en tanto, recibirán otros $ 40.000 millones para atender gastos corrientes, principalmente el pago de salarios.

En cambio, los gastos de capital disminuyen en $ 28.623,9 millones debido, entre otras cosas, a una menor recaudación del Fondo Federal Solidario por las retenciones a la soja y la disminución de transferencias a empresas públicas. Entre los que más resignan está el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren.

"El kirchnerismo lo hacía habitualmente porque dibujaba el presupuesto. Hasta ahora, la corrección es bastante chica. Esta es más grande. De todas maneras, es más chico que en otras épocas", sostuvo Camilo Tiscornia, de la consultora C&T Asesores Económicos.

En la práctica, con el incremento del gasto que estipuló ayer el Gobierno tendrá disponible este año un 12% adicional de fondos con respecto a lo aprobado por el Congreso.

El deterioro del resultado fiscal no es mayor porque también hay un aumento de recursos de $ 66.775,1 millones, de los cuales $ 42.125,6 millones corresponden a mayores recursos tributarios. De ese total, la mayor parte proviene del blanqueo de capitales y de la mayor recaudación del impuesto a los combustibles líquidos debido al aumento de las naftas y el gasoil.

La Casa Rosada todavía tiene una carta en la manga para contener el resultado de este año. Se trata de la subejecución presupuestaria de algunos ministerios, como se identifica en el lenguaje de la contabilidad del Estado la demora en el uso de fondos disponibles. Hasta el viernes pasado, una de cada dos carteras -incluidas la Jefatura de Gabinete y la propia Presidencia- mostraba señales claras de una moderación en el ritmo de uso de los recursos, si se lo compara con el empleo cronológico que deberían haber hecho a esta altura del año. Aunque aún es prematuro para afirmar que esa tendencia se convertirá en un ahorro efectivo, indica la orientación de cada cartera.

El DNU también autorizó la contratación de obras, servicios y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros por $ 119.692,4 millones.

Con informaciòn de Agencias:DyN-Telám-DPA