La industria de los dispositivos médicos pudo crecer de manera exponencial en los últimos años gracias a los controles laxos de las autoridades sanitarias en los distintos países, con el argumento de promover la "innovación médica tecnológica".

Pero además, las multinacionales de prótesis, implantes y dispositivos médicos buscaron atraer a otro aliado no menos relevante: los propios médicos.

Traumatólogos, cardiólogos y cirujanos, entre otros especialistas, se convirtieron en los destinatarios de una amplia gama de "incentivos" por parte de estas fabricantes: desde asistencia paga a congresos y seminarios de capacitación en lugares privilegiados, pasando por el pago de honorarios por disertaciones y subvenciones por investigar, hasta lisa y llanamente el pago de sobornos. ¿El objetivo? Que recomienden y utilicen sus productos en la práctica privada y en las instituciones en las que trabajan.

En los Estados Unidos, donde los fabricantes de medicamentos y dispositivos están obligados a revelar los pagos que efectúan a los médicos, las 10 compañías más grandes de dispositivos médicos pagaron casi USD 600 millones a los médicos o a sus hospitales en 2017. Esta cifra no incluye los pagos relacionados con dispositivos de los gigantes que venden otros productos, como Johnson & Johnson y Allergan.

Este monto admitido por las propias empresas surge del análisis de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de los datos de los centros de servicios de Medicare y Medicaid, en el marco de la investigación The Implant Files,  de la que participaron 252 periodistas miembros, de 58 medios de 36 países del mundo, entre ellos Infobae, La Nación y Perfil.

Esta práctica instalada en el mundo socava la independencia de los médicos y su capacidad para elegir el mejor tratamiento, aumenta los costos del sistema de salud en su conjunto, y expone los pacientes a prótesis y dispositivos médicos no debidamente probados, convirtiéndolos en involuntarios conejillos de indias.

Argentina no fue la excepción.

Según documentos de la Comisión de Valores de los Estados Unidos conocida como SEC (Securities and Exchange Commission), a los que accedió el equipo argentino de ICIJ, al menos tres empresas extranjeras pagaron sobornos a través de sus subsidiarias a médicos argentinos, para colocar sus productos en el país.

El caso Biomet

Una de ellas fue Biomet, una compañía de dispositivos médicos con sede en Warsaw, Indiana (EEUU), especializada en fabricación y venta de prótesis y dispositivos ortopédicos, que operaba en el país a través de Biomet Argentina.

Según un documento de la SEC difundido el 26 de marzo de 2012, entre 2000 y 2008, la empresa admitió haberle pagado sobornos a profesionales de la salud contratados en hospitales públicos en Argentina, Brasil y China, para que compren las prótesis ortopédicas de su marca.

Para resolver los cargos en su contra, Biomet acordó con la SEC pagar más de USD 5,5 millones por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y una multa de más de USD 17 millones para resolver los cargos penales iniciados por el Departamento de Justicia de ese país.

El retorno para los médicos contratados en hospitales públicos, según la SEC, fue del 15 al 20% del valor de cada producto, en su mayoría prótesis traumatológicas, que se pagaba en efectivo. Para justificar los pagos ilegales, Biomet los disfrazaba de "comisiones" u "honorarios de consultoría".

La investigación del organismo regulador determinó que los directivos y empleados, así como los auditores de la casa central de la empresa en Indiana estaban al tanto de los sobornos, desde un comienzo, y que no hicieron nada para frenarlos.

A partir del informe de la SEC, la diputada nacional Graciela Ocaña hizo la denuncia penal en la Justicia argentina con la confesión de Biomet. La presentación recayó en el Juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi. La investigación no avanzó porque la SEC nunca envió la información solicitada por la Justicia argentina.

"Le pedimos a la justicia argentina que investigue quienes habían sido los médicos que habían pagado y recibido esos sobornos pero, lamentablemente las autoridades de los Estados Unidos no colaboraron y la causa no tuvo avances al no poder identificar a los imputados", señaló Ocaña consulta para esta investigación.

Negativa de EEUU a dar nombres

Respecto de Olympus, el equipo argentino de The Implants Files solicitó a su vez al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de FOIA, copia de la documentación con los testimonios e identidades de los involucrados en el caso.

Pero la División Criminal del Departamento de Justicia comunicó el 9 de noviembre pasado que el organismo se negaba a brindar información que ayudarían a esclarecer los hechos. Se amparó en que desclasificar ese tipo de información podría interferir en una investigación penal, y sostuvo que esta respuesta tampoco implicaba confirmar la existencia de estas pruebas.

Stryker Corporation

Hubo un tercer caso de admisión de sobornos por una multinacional norteamericana dedicada a la venta de dispositivos médicos que involucró al país.

Stryker Corporation confesó ante la SEC haber pagado sobornos por casi un millón de dólares (USD 966.500) a médicos de hospitales públicos de Argentina entre 2005 y 2008, también a cambio de que éstos utilizaran productos de su marca. Fue en 392 oportunidades y se cancelaron con cheques.

El monto de los sobornos era del 20 al 25% del valor de las ventas, que justificaron en su contabilidad como "gastos de comisiones" en una cuenta llamada "Honorarios Médicos". Según el documento al que accedió el equipo argentino de ICIJ, "le permitieron a Stryker Argentina obtener más de USD 1.040.000 en ganancias de los hospitales en los que los médicos sobornados trabajaban".
"Los incentivos que determinadas empresas de prótesis traumatológicas, cardiológicas, y algunas prácticas medicas que se ponen de moda, entregan a profesionales para que se recomiende una marca comercial determinada, se hacen a expensas del costo del sistema de salud. Lo terminamos entre todos. No es que las empresas son buenas y regalan. Lo ponen en el precio que después terminan pagando el hospital público, la obra social o la  prepaga", advirtió la diputada nacional de Cambiemos.

"Por eso hemos propuesto una ley que busca darle transparencia al sistema, porque se obliga a todas a las empresas a declarar cuáles son estos incentivos. El paciente tiene derecho a saber si el profesional que lo atiende tiene una vinculación o interés, al indicarnos una determinada marca, que condicione su opinión profesional. Y por otro lado,  le exige al médico que declare bajo juramento que no tiene ningún conflicto de interés cuando hace una prescripción".

Los pagos ilegales no terminaron

Sin embargo, la práctica de influir mediante incentivos en las decisiones clínicas de los cirujanos y otros especialistas para que utilicen los dispositivos no debidamente probados no concluyó.

Gobiernos de distintos países acusaron a los fabricantes de pagar a administradores de hospitales y médicos con relojes Armani y lujosos paquetes vacacionales para aumentar las ventas y asegurarse contratos. En México, los empleados de una empresa encargados de sobornar a los médicos tenían una palabra clave para referirse a los pagos ilícitos: chocolates.

Según reveló The Implant Files, En 2014, Biotronik, fabricante alemán de dispositivos médicos, pagó USD 4.9 millones para terminar con las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia norteamericano, según las cuales pagaba sobornos a los médicos y promocionaba ilegalmente dispositivos cardíacos que no estaban autorizados por las autoridades.

Los representantes de ventas de la compañía recompensaban a los médicos que promovían terapias no autorizadas e implantaban un gran número de dispositivos Biotronik con entradas para eventos deportivos, salidas a campos de golf y lujosas comidas, según Brian Sant, un empleado de Biotronik que contó la maniobra y cuya demanda provocó la investigación del gobierno. "Es casi como una anualidad", escribió un gerente de ventas en un correo electrónico citado por Sant, refiriéndose a los pagos que los médicos podían recibir por inscribir a los pacientes en estudios patrocinados por la compañía.

En una respuesta escrita a ICIJ, Biotronik aseguró que "sus prácticas eran legales y éticas". También dijo que el gobierno no investiga ninguna de las acusaciones sobre las prácticas de capacitación o los programas educativos de la empresa.

Un agente de ventas de implantes de Johnson & Johnson está siendo juzgado en Italia por sobornar a un prominente cirujano de Milán con más de 20 mil dólares, costosos viajes, cenas y más dádivas para él y su hijo, a cambio de que el cirujano implantara articulaciones artificiales de J&J y promocionara su marca en programas de televisión. La empresa respondió que no puede comentar sobre los detalles del caso por ser una investigación abierta, pero aseguró que "ha cooperado totalmente" con las autoridades.

Consultado por ICIJ, Matt Wetzel, abogado general asociado de AdvaMed, dijo que la industria está "dedicada a hacer negocios de la manera correcta, y las compañías de tecnología médica han invertido incontables recursos, tanto de capital como humanos, en el desarrollo de programas de cumplimiento de vanguardia".

El equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación que participó de The Implant Files está integrado por Mariel Fitz Patrick (Infobae); Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación); Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli (para Perfil).