El fiscal Jorge Di Lello imputó este jueves al presidente, Mauricio Macri, al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, a su antecesor, Juan José Aranguren, y al canciller Jorge Faurie, y pidió a un juez evaluar la suspensión del primer vuelo de la empresa Latam hacia las islas Malvinas con escala en Córdoba, que está previsto para el 20 de noviembre.

El vuelo en cuestión parte de San Pablo, en Brasil, utiliza el espacio aéreo de nuestro país, tiene una escala en Córdoba y termina en las islas Malvinas.

Para el fiscal Jorge Di Lello, los funcionarios denunciados deben ser investigados por su participación en negociaciones con el Reino Unido que perjudicarían la soberanía nacional.

Di Lello sostuvo que "existe una obligación institucional por parte de esta fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional".

"Así corresponde que VS evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía LATAM a las Islas Malvinas, el que está autorizado por el decreto 602/19, ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional", dice el dictamen presentado al juez Luis Rodríguez.

Para el fiscal, el Poder Ejecutivo "no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación".

La imputación contra el Presidente y funcionarios se inició tras una denuncia presentada por la abogada Valeria Laura Carreras, quien ya había presentado acciones judiciales contra el Gobierno en otras causas como el traspaso de datos de la ANSeS al Poder Ejecutivo en 2016.

La causa que tramita el juez federal Rodríguez es por supuestas “irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno en la gestión 2015-2019”.

Para Carreras y la fiscalía hay que investigar la inconstitucionalidad del Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 suscripto entre las cancillerías. Se habría tratado de “esconder” que en realidad es un “convenio o acuerdo de entendimiento” que debía ser tratado por el  Congreso Nacional.

La denuncia dice que desoyendo la manda constitucional “…se ha cedido a la potencia usurpadora Reino Unido, no solo los recursos mencionados [ictícolas, exploración y explotación de hidrocarburos, vuelos del continente a Malvinas] sino que se coloca a la potencia usurpadora en absoluta ventaja estratégica…”.

Eso porque el acuerdo establece que ambas partes acordaron “…adoptar las medidas necesarias para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos…”.

Asimismo, según el expediente, se agravió del llamado a licitación y posterior adjudicación del área del Atlántico Sur denominada “Costa Afuera Argentina” para la exploración y explotación de gas, petróleo, hidrocarburos, cuya primera tanda de adjudicaciones se habría materializado en abril de 2018 cuyas ofertas ganadoras habrían sido casi la mitad, empresas Británicas.

inalmente se refiere al Decreto 602/2019 que autoriza a la empresa de Bandera Brasileña “Tam Linhas Aereas SA” a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, utilizando aeronaves de gran porte, en rutas aéreas que comprenden las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y, por motivos de interés general al ejercicio de derechos de tráfico en los tramos de cabotaje.

“Se entiende que esto significa una renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo Argentino”, dice el expediente al que tuvo acceso este diario.

Por ello, la investigación girará en torno a determinar si la conducta de los funcionarios individualizados, que participaran en las negociaciones y finalmente firma del acuerdo denominado “Foradori-Duncan”, resultan penalmente relevante.

La denunciante se presentó ante Di Lello solicitando una medida cautelar relacionada al “daño inminente” a los intereses de la Nación que se producirían en caso de materializarse el primer vuelo de LATAM a Malvinas autorizado por el decreto 602/19, previsto para el 20 de este mes, con partida desde San Pablo, con escala en Córdoba. 

Di Lello le escribió al juez Rodríguez que evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía LATAM a las Islas Malvinas, “ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional”.

El fiscal pidió que el vuelo se suspenda hasta que se establezca de modo jurídicamente razonable las facultades ejercidas mediante el decreto aludido.

Di Lello dijo entender que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujeto a investigación.

El acuerdo fue firmado por el vicecanciller argentino, Carlos Foradori, y ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Alan Duncan.

La fiscalía solicitó que se cite a declaración testimonial al diputado Nacional Martén Pérez, de Tierra del Fuego, para que manifieste todo lo que conociera del acuerdo Foradori-Duncan. Y a los diputados Daniel Filmus y Guillermo Carmona.

También Di Lello pidió que se cite a las diputadas Elisa Carrió y Cornelia Schmidt Liermann, dado que entre 2016 y la actualidad presidieron la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja.

Y por último se pedirá a la secretaria de Gobierno de Energía remita toda la documentación relacionada con adjudicación por el medio que fuere de recursos naturales en el área del Atlántico Sud, en especial de la licitación de Costa Afuera.