El gobierno de Chile emplazó este martes a Carabineros para que, en una semana, responda a las acusaciones de violaciones de derechos humanos durante la represión del estallido social que lleva más de un mes, después de que Human Rights Watch (la organización defensora de derechos humanos) agregara presión con una nueva denuncia, y mientras las calles volvían a llenarse de manifestantes.

La administración del presidente Sebastián Piñera dio un ultimátum a Carabineros para que explique su responsabilidad en los hechos de uso excesivo de la fuerza y abusos en detenciones, en las masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre.

 
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, informó que se encargó a la dirección de Carabineros "revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias".

El documento, requerido en un plazo de una semana, deberá incluir "propuestas con medidas de corrección, señalando las instrucciones y sanciones que correspondan", explicó Recabarren en rueda de prensa, según la agencia de noticias EFE.

Esta acción del gobierno se conoció horas después de que HRW divulgara un duro informe que sostiene que efectivos de Carabineros cometieron graves violaciones de derechos humanos -incluidas lesiones por arma de fuego, torturas y violencia sexual-, en línea con el reporte presentado la semana pasada por Amnistía Internacional.

Asimismo, el documento de HRW coincidió con el anuncio hecho hoy mismo por la Fiscalía sobre el inicio de 2.670 investigaciones penales contras las fuerzas de seguridad, por causas similares.

La coronel Karina Soza, del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, respondió que la institución tomaba "con mucha humildad y responsabilidad" el informe de HRW y aseguró que cada vez que hay una denuncia, se abre una investigación interna y se pone toda la información a disposición de las fiscalías.

Soza admitió que carabineros "pueden haber cometido errores", que serán investigados, en su afán por proteger la seguridad y la propiedad de los ciudadanos en disturbios a los que calificó como "extremadamente violentos".

La oficial detalló que 14 carabineros fueron imputados este mes por un fiscal, por el presunto delito de torturas contra manifestantes, y más de 1.000 sufrieron lesiones desde que comenzó el estallido social.

Paralelamente, la segunda jornada de huelga general congregó en una manifestación multitudinaria a diversos grupos que exigen reformas estructurales, en la sexta semana de reclamos.

La jornada -convocada por la Mesa de Unidad Social, que reúne a más de 150 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales- se inició con barricadas y cortes de calles, y volvieron a expresarse reclamos de mayor participación en la elaboración de la agenda social y contra las violaciones de derechos humanos comprobadas en la represión de las protestas.

Mientras tanto, la negociación del acuerdo constituyente alcanzado el 15 de este mes seguía en "punto muerto", según fuentes de la Mesa de Unidad Social citadas por la agencia de noticias EFE.

El estallido social, el más grave desde el retorno de la democracia en 1990, dejó al menos 23 muertos en distintos actos de violencia -incendios, saqueos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado- y 2.800 heridos, entre ellos 232 con serias lesiones oculares por disparos de perdigones a la cara.
  
La Policía anunció la semana pasada la suspensión temporal del uso de perdigones o balines para controlar las manifestaciones, tras tener dudas sobre la composición real de las municiones y luego de que la Universidad de Chile asegurase que los proyectiles no son solo de goma sino que también contienen plomo, lo que explicaría el alto número de heridos.

Hasta ahora, ni las medidas anunciadas por el gobierno en estos casi 40 días de emergencia ni la decisión de la casi totalidad de la clase política de avanzar para modificar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet lograron detener los reclamos.

Según una encuesta de la firma Cadem, 67% de los chilenos está de acuerdo con la continuidad de las protestas -11 puntos más que la semana pasada- y el gobierno de Piñera bate el récord de impopularidad desde el regreso a la democracia, en 1990, con 12% de aprobación.