En uno de los 86 artículos que se amontonan en el proyecto de ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva", que sería debatido en un trámite relámpago entre el jueves y viernes próximos, se faculta al Poder Ejecutivo a disponer en forma obligatoria " incrementos salariales mínimos" en el sector privado. Sería algo así como imponer el piso para las paritarias, según confirman fuentes oficiales.

El monto del aumento está todavía bajo análisis, aunque entre los gremialistas y los empresarios circula una cifra que oscilaría entre los 6000 y los 10.000 pesos. El pago sería en cuotas como suma fija en carácter no remunerativo y alcanzaría también a los estatales.

Se especula con un bono por única vez o con incrementos escalonados en cuotas. De todos modos, insisten en afirmar que si el artículo se mantiene en la ley, el carácter sería obligatorio para el universo de trabajadores que el mandatario pudiera elegir .

Cerca del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostienen que aún hay detalles "a discutir" y confían en poder citar a los gremios y empresarios para la semana próxima o no se descarta un encuentro furtivo durante el fin de semana.

La medida serviría para apuntalar los salarios más bajos y podría modificar temporalmente el esquema tradicional de las paritarias sectoriales, con una suma fija, cuyo monto sería el que disponga el Presidente por decreto, y otro ajuste porcentual derivado de la negociación entre los empresarios y los sindicalistas. Volverían así las paritarias mixtas.

Las primeras negociaciones salariales de 2020 serían recién en marzo, por lo que es probable que una vez que el proyecto se convierta en ley, Alberto Fernández anuncie un alza para los trabajadores registrados privados de las categorías más bajas, según dijeron fuentes oficiales y sindicales.

La iniciativa baja en limpio las conversaciones informales que tuvieron los equipos de Fernández con los sindicalistas de la CGT y los empresarios, sobre todo, los nucleados en la Unión Industrial Argentina ( UIA). Apunta en el corto plazo a bajar la expectativa inflacionaria y reducir la brecha salarial que se acentuó en algunas actividades a partir de la devaluación y los coletazos de la crisis económica. Como el aumento de las jubilaciones y de los montos a los beneficiarios de planes sociales, la medida también es un intento de reactivar el consumo interno.

Entre los empresarios y sindicalistas por ahora reina la incertidumbre. Un jerárquico de la UIA especula con que la iniciativa podría instaurar un salario mínimo convencional más alto que el salario mínimo vital y móvil, que es hoy de $16.875. Los gremialistas, en tanto, confían en despejar las dudas en un encuentro con Moroni, que podría concretarse en los próximos días.

El artículo 54 tiene tres puntos:

Disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos.
Eximir temporalmente de la obligación del pago de aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino creado por Ley N° 26.425 sobre los incrementos salariales que resulten de la facultad reconocida en el inciso anterior o de la negociación colectiva.
Efectuar reducciones de aportes patronales y/o de contribuciones personales al Sistema Integrado Previsional Argentino creado por Ley N° 26.425 limitadas a jurisdicciones y actividades específicas o en situaciones críticas.