El Estado se queda con casi $62 de cada $100 de renta agrícola.El dato surge de un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que reflejó una merma de casi un 1% en relación al registrado en marzo último

El informe de junio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) reflejó que en el último trimestre el 61,8% de lo que produjo el campo se lo quedó el Estado, mediante el cobro de los impuestos. Esto quiere decir que de cada $100 pesos del valor de la producción descontando los costos por hectárea, el Estado se queda con $61,80. En relación a la última medición, hay una caída del 0,8%, como consecuencia de una menor participación del trigo, cuyo margen se da por haber quitado el efecto de la sequía de la última campaña.

El índice trimestral de la Fundación mostró que la participación del Estado en la renta agrícola de los principales cultivos como soja, maíz, trigo y girasol es de un 66,6% en impuestos nacionales; un 28,2% en impuestos nacionales coparticipables; un 4,7% en impuestos provinciales y un 0,6% en impuestos municipales. De acuerdo con la organización, la composición primordial de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los economistas de FADA, David Miazzo, Nicolle Pisani Claro, Natalia Ariño, advirtieron que en el caso de la soja, la oleaginosa aporta un 67,7% al Estado, el maíz lo hace en un 50,6%, el trigo en un 59,9% de lo producido y el girasol del 47,1%, los cuales ingresan a las arcas de los distintos organismos públicos.

Los datos surgen del análisis de los costos involucrados en una hectárea de maíz, que fueron tomados como ejemplo. En el cálculo del índice se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos. Por ello, fueron considerados los costos de exportación (fobbing), comercialización, transporte, seguros, administración y producción.

En el caso de los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y las provincias, encierra principalmente el impuesto a las ganancias, es decir, el neto del impuesto a los créditos y débitos, y también de los saldos técnicos de IVA. Así, indican que dentro de estos se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto.