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POLITICA

21 de febrero de 2022

Cómo será el acuerdo con el FMI por las tarifas de servicios públicos

Este año se aplicará lo que propuso Argentina. Aún resta negociar la política cambiaria y las misiones trimestrales.

El BID y el Banco Mundial intervendrán en un nuevo estudio para determinar un nuevo esquema de subsidios, para ejecutar en 2023.

Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) están cerrando la negociación por el capítulo de la reducción de los subsidios a la energía y el transporte (uno de los tres que aún quedaban abiertos hasta el viernes pasado), con una solución original y parlamentada. El Gobierno argentino y el organismo que maneja Kristalina Georgieva, acordarán la participación del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -los dos juntos o por separado-, para que financien un estudio urgente que determine la mejor manera de avanzar en una más eficiente segmentación de las tarifas de los servicios públicos.

Las dos entidades financieras internacionales especializadas en el otorgamiento de créditos para obras y reformas administrativas públicas otorgarían los fondos para que el Gobierno de Alberto Fernández pueda avanzar en el estudio, análisis y posterior aplicación, de un nuevo esquema que determine la manera de aplicar una eliminación, reducción o mantenimiento de los subsidios a las tarifas eléctricas y del gas en todo el país.

Como la idea es que este proyecto avance de manera urgente, la intención de las partes es que ya para el ejercicio 2023 el esquema financiado por el BID o/y el BM, se aplique en el próximo ejercicio. La intención de las dos partes, es consensuar una reducción del monto anual aplicado a los subsidios de las tarifas de los servicios públicos; con un esquema que respete la intención del oficialismo local de no avanzar en un tarifazo (ni este año ni el próximo), pero reconociendo el problema del monto de los subsidios para poder cumplir con las pautas fiscales que figuran en el acuerdo de Facilidades Extendidas que se anunciaría esta misma semana; y que la próxima ingresará en el Congreso.

La intención de las partes es tener un plafón serio e institucional (al menos a los ojos del FMI), sobre cómo avanzar en el conflictivo capítulo de las tarifas y los subsidios; pero respetando la intención del Gobierno nacional de incrementar las tarifas en un 20% máximo este año; con un leve muy leve retiro de los subsidios a un puñado ínfimo de los usuarios. Especialmente de la Capital Federal.

El trabajo financiado por los dos organismos de crédito internacional, debería determinar cuál sería la mejor fórmula para avanzar sobre el tema, lo que le permitiría al Gobierno ganar al menos un año en la aplicación de un ajuste severo. Y evitar el reclamo del propio FMI de avanzar en la eliminación de subsidios, con un ajuste que según los cálculos del organismo podría trepar hasta el 180%. Sin contar la inflación de este año.

Salvado, en teoría, el capítulo de las tarifas; restan aún terminar de negociar los otros dos capítulos en los que aún deben terminar las negociaciones; lo que probablemente podrían ocurrir en las próximas horas.

Tal como adelantó el viernes este diario, uno de ellos es la política cambiaria, donde la exigencia desde la sede del FMI es la de reducir al menos en un 50% la brecha entre los dólares financieros y el oficial. El Fondo quiere que haya una revalorización importante de la divisa según la cotización del BCRA y un estancamiento (o caída) de los financieros y el blue; lo que sólo se lograría si los dólares libres no superen su cotización en el año en niveles similares a los actuales; mientras que el oficial debería crecer no menos de un 50% entre marzo y diciembre de este ejercicio.

Según la visión oficial, podría ser más fácil lo primero que lo segundo. Sostener dólares alternativos a una cotización que ronde los 220 y los 230 pesos, en un clima de confianza y acuerdo con el FMI sería posible. En definitiva, todos coinciden, el valor del dólar financiero hoy es extremadamente caro, al punto de convertir a la Argentina en el país más barato de la región. El problema es el oficial, y la necesidad de llevarlo durante el año a cotizaciones superiores a los 170 pesos, aproximadamente. Un alza de este tipo, se coincide, tendría una repercusión negativa sobre los precios de la economía, que haría temblar aún más la estrategia de al menos no superar este año el IPC de 50,9% que se registró en el 2021.

El segundo capítulo que aún resta negociar, es la fórmula política para que sean políticamente aceptadas en Buenos Aires las misiones trimestrales de inspección y control del FMI; las que controlarán el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias, cambiarias, inflacionarias y financieras, comprometidas en el acuerdo negociado. Durante el Gobierno de Alberto Fernández, serán 6 misiones las que circularán por los despachos oficiales locales, hasta diciembre del 2023. Al menos tres de esas visitas se desarrollarán en plena campaña electoral, donde la coalición gobernante se jugará su supervivencia en el poder. Difícil.



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