Mañana podría convertirse en ley la prohibición de que los establecimientos educativos de gestión privada en Salta utilicen la documentación de los alumnos como forma de presión a los progenitores para que regularicen deudas por mora en las cuotas.

La iniciativa que tratarán en la Cámara de Diputados obtuvo la media sanción a fines del año pasado en el Senado, y además de prohibir que retengan o demoren la entrega de boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otros establecimientos, certificados de regularidad y toda otra documentación oficial, también garantiza al alumno su asistencia a clases, así como la plena participación en toda actividad pedagógica que organice el establecimiento.

Tampoco podrán hacer pública la situación de morosidad del alumno y evitar cualquier situación o mecanismo de cobro que involucre al propio estudiante, así como tampoco a los profesores, por lo que dichas medidas deberán ser llevadas adelante por personal administrativo de la institución en forma directa con los padres o tutores.

Ahora los integrantes de la Cámara Baja deberán decidir si finalmente apoyan dicha iniciativa tal como está y la convierten en ley. Para ello deberán compatibilizarlo con otro proyecto que refiere a ese tema y que lleva como autores a integrantes del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción.

Si bien ambas iniciativas apuntan a regular prácticamente lo mismo, la principal diferencia radica en que el proyecto de Diputados modifica, agregando un párrafo y sumando dos incisos en el artículo tercero, la Ley 7934 que reglamenta el derecho de admisión en institutos educativos públicos de gestión privada. Por el contrario, el del Senado crea una nueva ley, y además especifica las sanciones que el Ministerio de Educación puede aplicar a los establecimientos, cuando incumplan algunos de los puntos regulados.

La Ley 7934 fue aprobada en el 2016 con el objetivo de establecer límites a la negativa u obstrucción de la inscripción o reinscripción en escuelas y colegios. Es por esto que los diputados autores del proyecto, fundamentan que con la reforma propuesta buscan ampliar ese tutelaje resguardando el derecho a la asistencia regular a clases y actividades institucionales y pedagógicas y a recibir documentación oficial. Pero también prohíbe todo acto discriminatorio motivado en la morosidad en el pago de cuotas o aranceles. 

Al respecto los autores citan como antecedente la Ley N° 15.061 de la provincia de Buenos Aires “que adoptó este criterio defensor de derechos esenciales de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo”.

Al momento de validar la propuesta, señalan que por un lado se busca proteger el arraigo que pueda llegar a tener un alumno con la institución educativa, así como con su entorno. Esto porque se puede suponer que una persona ingresa a un establecimiento en nivel inicial y, dentro de las posibilidades, puede que quiera desarrollar ahí toda su carrera hasta finalizar los estudios en quinto año.

“En ese ámbito el niño crea sus vínculos afectivos y amistad, se adecua al medio y las costumbres, afianza sus entornos de confianza, todo lo cual repercute en la conformación de su personalidad y manera de socializar. Este arraigo es materia de protección”, indican los fundamentos.

El otro pilar en el que se asienta el proyecto es en lo que señala como “la celebración de un contrato educativo”, que se da al momento de la inscripción de un alumno. Dicho contrato no es precedida por una etapa de negociación de los términos del acuerdo, “por lo que los destinatarios del servicio son la parte más débil de la ecuación contractual teniendo vedado modificar cualquier cuestión con la que desacuerden. Ante la desigual posición, el ordenamiento jurídico exige el cumplimiento del principio de razonabilidad y prohíbe el abuso del derecho”, fundamentan sus autores.

Aunque están incluidas en el Acta de Labor, todavía no hay un dictamen sobre ambas iniciativas, ya que serán evaluadas en las respectivas comisiones entre hoy y mañana. En esta oportunidad será la comisión de Educación quien oficie de cabecera, aunque al tratarse de un proyecto que propone una nueva ley, también tendrá mucha injerencia la comisión de Legislación General.