En medio del reverdecer judicial contra la anterior administración y con Lázaro Báez en el centro de las pesquisas de la Justicia, el Gobierno intenta emprolijar la obra pública, principal cimiento de la acumulación de poder de Néstor y Cristina Kirchner. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió esta mañana en la sede porteña de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) con su titular, Gerardo Martínez, y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediack, con quienes acordó la creación de una comisión de seguimiento de la obra pública.

"La idea es reunirse mensualmente y seguir el destino de los fondos de las obras en todo el país", aseguraron fuentes oficiales tras el cónclave. El anuncio cobra especial interés tras el avance de la Justicia federal en la causa denominada "la ruta del dinero K", en la que se investiga el supuesto delito de lavado de dinero en torno a los millones girados por la anterior gestión a Báez, el mayor beneficiario por los fondos girados en torno a la obra pública. Las revelaciones del viernes de Leonardo Fariña, preso desde hace dos años por presunta evasión, aceleraron el proceso en ese sentido. 

El lanzamiento de dicha comisión de seguimiento, que según las fuentes se reunirá mensualmente, también reviste relevancia por las últimas noticias que salieron desde los tribunales de Comodoro Py contra el diputado Julio De Vido, ex ministro de Planificación, el funcionario que manejó en la década pasada los millones relacionados con las obras en todo el país. 

La mesa, que contará con las patas estatal, sindical y empresaria, revisará mensualmente los millones destinados a todo tipo de obra pública, como el plan de viviendas, que este año cuenta con un presupuesto de unos 20.000 millones de pesos. La inquietud oficial pasa por constatar que los fondos girados a las provincias y municipios se apliquen a los objetivos estipulados. Desde el Gobierno buscan además motorizar las obras, paradas en los últimos meses de la anterior administración, y darle vigor a la creación de empleo, en medio de un contexto inflacionario y de ajuste económico.

Desde que desembarcó en la Casa Rosada, Mauricio Macri ya distribuyó entre los gobernadores más de 23.000 millones de pesos en concepto de deudas por obra pública, plan de viviendas, Coparticipación y Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).