El Senado brasileño podría suspender hoy de su cargo por seis meses a la presidenta Dilma Rousseff y dar paso a un gobierno del vicepresidente Michel Temer, quien se ha convertido en opositor y presentará su propio proyecto, el que ya comenzó a ser resistido por “golpista” con centenares de piquetes de rutas y avenidas (ver aparte) en las principales ciudades de Brasil. 

La presidenta Rousseff, según las expectativas, recibirá más de las mitad de los votos de los 81 senadores para ser suspendida de la jefatura del Estado, luego de 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores, iniciados con Luiz Inácio Lula da Silva en 2003. 

Será, si es que se dan las previsiones, la caída del proyecto desarrollista con inclusión social que marcó a fuego a un Brasil emergente como séptima economía mundial en el siglo XXI, en medio de una crisis gigantesca de corrupción, de falta de articulación política y de una recesión económica que ha devorado cinco millones de empleos en los últimos doce meses. 

La votación del juicio político se dio en medio de sorpresivos movimientos del presidente interino de la Cámara de Diputados, el conservador Waldir Maranhao, quien apoyó un pedido del gobierno y había suspendió ayer la sesión del impeachment, pero ante amenazas recibidas por sus colegas opositores retiró el dictamen. 

“Para hacer un impeachment hay que tener delito de responsabilidad. Me juzgan por haber realizado en el presupuesto las ‘pedaleadas fiscales’ que usan gobernadores y presidentes desde 1995 para cubrir los programas sociales. Entonces, como no hay delito, es un golpe, golpe frío como dicen en Alemania”, resumió la propia Rousseff. 

El juicio político fue presentado por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que perdió las elecciones con Aecio Neves como candidato ante Dilma, reelecta por dos puntos de diferencia en octubre de 2014, y abierto por el comandante de la crisis, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente Temer y de Calheiros. 

Al mismo tiempo, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) vio en 2015 ir preso al tesorero Joao Vaccari, acusado de cobrar entre 1% y 3% de los sobreprecios de contratos de las empresas de ingeniería con Petrobras para abastecer campañas. 

Más tarde, aparecieron todos los partidos acusados de alguna forma de ser abastecidos por un modelo de financiación ilegal de la política producto de sobornos con la obra pública, pero el caso catapultó directamente a la condición de “héroe” (como es llamado en las manifestaciones opositoras) el juez federal Sérgio Moro, a cargo de la Operación Lava Jato. 

El gobierno de Rousseff no interfirió en las investigaciones, pese a que controla la Policía Federal, lo cual enfrentó al aparato político del PT y el PMDB con parte del Poder Ejecutivo, al ritmo de mayores denuncias y con los medios alineados al punto de vista de Moro y de la oposición. 

Moro fue premiado como hombre del año por las Organizaciones Globo y Editorial Abril, beneficiarios de sus primicias, una de las cuales comenzó a derretir con la fuerza de un volcán a la gestión de Rousseff. Fue cuando, en medio de una investigación sobre si Lula (2003-2010) tenía vinculaciones con lavado de dinero de las empresas constructoras a cambio de favores, Moro ordenó llevarlo a declarar a la policía federal por la fuerza el 4 de marzo pasado, lo cual levantó a la izquierda para enfrentar una “resistencia” a lo que Lula llama “las élites que no soportan el avance social en el país”. 

El 16 de marzo el país fue “incendiado” por una decisión por la cual Moro debió pedir perdón a la Suprema Corte y por la que aún puede ser sancionado: divulgó espionaje de una conversación entre Rousseff y Lula en la cual ella habla sobre la asunción del ex presidente como jefe de ministros, lo que la oposición consideró un “salvoconducto” para ganar fueros. 

Lula asumió el 17 pero el día 18 una cautelar del juez opositor Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal, le impidió hasta la actualidad asumir en el cargo, lo cual limitó el poder de maniobra del líder popular favorito en las encuestas para 2018 frente a la negociación de los votos para evitar el juicio político en la Cámara de Diputados. 

En vísperas de una elección clave, el vicepresidente Temer rompió con la mayor parte del PMDB y el Partido Progresista -también investigado en el Petrolao- y juntos dejaron en soledad a Rousseff y sus aliados de izquierda. La votación en Diputados presidida por Cunha, con 371 votos a favor del juicio político, selló la suerte de Rousseff. 

El vice se alinearía con EEUU  y Europa

La política exterior de un eventual gobierno de Michel Temer en Brasil deberá cambiar el foco en los países emergentes y retomar una agenda más vinculada a Estados Unidos y la Unión Europea, dijo  una fuente allegada al vicepresidente. A pocas horas de la votación en la que el Senado podría desplazar por 6 meses a la presidenta, Temer tiene todo listo para encarar una gestión interina pero que prevé imprimirle un fuerte giro de centroderecha a la política desarrollada hasta el presente por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT). 

Temer divulgaría el sábado o el domingo próximos los nombres de su Gabinete, porque el fin de semana podría ayudar a que sus nombramientos no sean acompañados por cacerolazos masivos. 

Temer ya tendría confirmado en Economía como “superministro” a Henrique Meirelles, presidente del Banco Central en la era Lula y ex presidente mundial del BankBoston, quien apunta a una reducción del gasto público. 

En política exterior,  se aplicaría el programa del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), con la asunción como canciller del primer no diplomático de Itamaraty en 15 años, el senador José Serra. Télam

Resistencia de grupos sociales

Protestas, manifestaciones, marchas y rutas bloqueadas fue la respuesta ayer de los movimientos sociales, seguidores de Dilma Rousseff, en vísperas de que el Senado aparte a la presidenta de su cargo, en el marco de la votación del inicio juicio político en su contra. En al menos 14 de los 27 Estados de Brasil hubo cortes de carreteras, según datos oficiales. En San Pablo se registraron los incidentes más violentos con el incendio de gomas y autos en las calles.

Las manifestaciones forman parte del llamado Día Nacional de Paralización y Movilizaciones Contra el Golpe, promovido por los grupos sociales que defienden el Gobierno, como el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor unión de sindicatos del país.

Los manifestantes consideran que el juicio político que el Congreso puede abrirle a la jefe de Estado por supuestas irregularidades en los balances fiscales carece de base jurídica y constituye un intento de golpe de Estado. CC

Claves del proceso de impeachment

¿De qué se acusa a Rousseff?

Rousseff está acusada de violar las leyes fiscales al trasladar fondos oficiales a fines distintos a los asignados antes de su campaña de reelección de 2014. Los partidos opositores sostienen que las maniobras contables le permitieron elevar el gasto público para obtener votos. 

¿Qué puede pasar hoy en el Senado?

Si una mayoría simple de los 81 senadores vota a favor de la medida de suspensión hoy, como muchos conteos de los medios de comunicación lo señalan, Rousseff quedará suspendida del cargo y el vicepresidente, Michel Temer, asumiría el cargo.

El Senado entonces tendría 180 días para adelantar el juicio político y votar si retira a Rousseff definitivamente del cargo. Si eso sucede, Temer tendría que terminar el período para el que fue elegido la mandataria, y que concluye el 31 de diciembre de 2018. 

¿Algo puede detener este proceso a último momento?

El gobierno y los partidos de oposición han interpuesto apelaciones en altos tribunales de Justicia del país sobre varios aspectos del proceso. Así que existe la posibilidad de que una corte, o incluso los propios magistrados o un juez por su cuenta, puedan intervenir en el mismo. Los aliados del gobierno han buscado maneras de bloquear la votación de la medida de suspensión a último minuto o para retrasar la votación. 

¿Cuál es la situación según el gobierno y los opositores?

Los partidarios del gobierno dicen que es un golpe de estado porque Rousseff no está acusada de delito alguno. Dicen que la clase dirigente tradicional está aterrada por la movilización social desatada por el Partido de los Trabajadores, o PT, que lleva más de diez años en el poder, y quiere aprovechar la oportunidad para recuperar el poder.

Los opositores afirman que el movimiento de fondos fue ilegal al tiempo que intentó ocultar los problemas que padecía la economía más grande de Latinoamérica, tales como enormes déficit presupuestarios que afloraron el año pasado. Rechazan la acusación de golpismo porque el juicio político está admitido por la Constitución brasileña.

Fuente: AP