La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación continúa con el debate del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, que considera imprescriptible el delito de corrupción y establece un régimen de castigo para las personas jurídicas que cometan delitos contra la administración pública y por cohecho transnacional.

Desde las 11, en el Congreso de la Nación, el Senado continuará con el debate con directivos de los directivos de la UIA, IDEA y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), entre otros.

En la jornada del martes, fiscales y abogados invitados sugirieron varias correcciones y coincidieron en criticar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, uno de los puntos más cuestionados en lo que va del debate iniciado la semana pasada.

El presidente de la comisión, el entrerriano Pedro Guastavino (PJ-FPV) señaló en declaraciones a la prensa que "está quedando claro" que el proyecto necesita varias modificaciones porque "todos coinciden en eso" y destacó que "ha habido unanimidad de que es una barbaridad" la imprescriptibilidad.

Además, el senador nacional adelantó que el dictamen para el proyecto se firmaría "en septiembre", tras lo cual pasará a votarse en el recinto pero deberá volver a la Cámara de Diputados debido a las modificaciones que se le harán. 

Durante la jornada, el fiscal general ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Pleé, criticó la imprescriptibilidad: "No me parece que por el fracaso de los procesos penales incorporemos una norma en la cual equiparemos los delitos contra la administración pública con los delitos de lesa humanidad".

En este sentido, sostuvo que "se trata de una norma que ha sido incorporada, pareciera -con el debido respeto-, por la ventana en un proyecto que nada tenía que ver con esa régimen" y "es una confesión del fracaso del sistema judicial".

"En algo estamos fallando", reconoció Pleé al referirse a la extensa duración de las causas penales en delitos de este tipo pero señaló que "no es la solución" esa medida.

También se refirió al primer artículo del proyecto aprobado por Diputados, que establece que las personas jurídicas están alcanzados por todos los delitos del Código Penal, otro punto que junto con la imprescriptibilidad viene recibiendo críticas de todos los sectores.

Según Pleé, allí se da un "conflicto entre la política criminal y la doctrina penal" y debe ser corregido.

Por su parte, el abogado Jorge Sandro consideró que "no es correcto que cuando se trata de las consecuencias del delito (en el proyecto) se hable de sanciones" porque "se va a repetir la controversia sobre si estas consecuencias son penas o son sanciones administrativas".

Sandro sugirió que para evitar eso "se corrija y se hable de penas o penalidades", mientras que respecto de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción se manifestó "totalmente en desacuerdo".

A su turno, la directora de la Unidad de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal, Carmen Chena, se refirió a los acuerdos de colaboración eficaz con la Justicia que prevé el proyecto como atenuante de las penas.