Decenas de miles de personas se concentraron ayer con velas y carteles en Barcelona para exigir la libertad de dos activistas catalanes encarcelados ayer por sedición en relación con el referendo independentista, poco después de que la máxima corte de España fallara que la consulta fue inconstitucional. 

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) no fue ninguna sorpresa, en medio de repetidas afirmaciones del gobierno de que el referéndum fue ilegal. 

Unos 200.000 manifestantes, según la policía de Barcelona, salieron a las calles ayer pese al fallo del TC, acusando al gobierno central de represivo.

Con velas y carteles en sus manos, los manifestantes de desplegaron a lo largo de la céntrica Avenida de la Diagonal de Barcelona para pedir la libertad de los líderes del movimiento independentista catalán Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Ambos activistas fueron enviados ayer a prisión por decisión de una jueza de la Audiencia Nacional de España, que los investiga por sedición en relación con referéndum. 

Luego de copar el tramo de la avenida entre Paseo de Gracia y la Plaza Frances Macià, los manifestantes fueron encendiendo poco a poco sus velas, algunas traídas de casa y otras repartidas por los organizadores, que siguen haciendo colectas para financiar los gastos judiciales de los dirigentes. 

Mañana vence el plazo que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dio a Puigdemont para que responda a su requerimiento de que aclare si declaró la independencia, tras no hacerlo este lunes, y revierta esa decisión para evitar una intervención del gobierno central en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución española.

Puigdemont envió ayer una carta a Rajoy antes de que expirara el primer plazo, pero evitó responderle si había declarado la independencia y, en cambio, ofreció abrir un período de dos meses de diálogo para abordar una solución acordada del conflicto, algo que Madrid rechazó de plano por enésima vez tras insistir en que sólo negociará dentro del marco constitucional. 

El Ejecutivo español insistió por su parte en la que la medida contra Sánchez y Cuixart es “una decisión judicial basada en la comisión de un delito y no un asunto político”, según palabras del ministro español de Justicia, Rafael Catalá.

Los anticapitalistas de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), socios del gobierno catalán, dijeron ayer que el parlamento regional podría proclamar “en los próximos días” la independencia.