Tras una intensa discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados, el proyecto fue despachado para entrar en vigencia en los próximos días y beneficiar a casi 200.000 estudiantes que accedan a universidades estatales.

A estos se podrían sumar otros alumnos de instituciones privadas que cumplan con ciertos requisitos.

"Hemos cumplido el compromiso de iniciar la gratuidad en la educación superior, de transformar la educación en un derecho social garantizado (...) lo hacemos desde la capacidad que nos permite el Presupuesto", dijo el ministro portavoz de Gobierno, Marcelo Díaz.

La histórica aprobación, una de las promesas de campaña de Bachelet, había sido frenada hace dos semanas por el Tribunal Constitucional (TC) por considerarla discriminatoria en las instituciones seleccionadas para acceder a la gratuidad.

El TC había cuestionado los requisitos exigidos y que sólo se haya escogido a las entidades públicas agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) y otras tres entidades privadas.

Para sortear el cuestionamiento, el Gobierno envió un proyecto al Congreso en que se establecía que las universidades estatales serían elegibles de gratuidad si se comprometían a mantener o mejorar su acreditación institucional (certificación de calidad), lo que sería reforzado con mayores recursos.

Las universidades no estatales también podrían sumarse siempre que cumplan con requisitos de acreditación por 4 o más años y cuyos controladores sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro.

La ley establece además el incremento del monto de becas para los estudiantes de los cinco primeros deciles matriculados en instituciones sin fines de lucro o que se comprometan a ajustar su naturaleza jurídica para constituirse como tal en un plazo de tres años.

Fuente:Reuters