"No se tenía la opinión de la fiscal, supongo que es en estos días (lo hará), creo que tiene hasta hoy, pero en mi caso tengo cinco días más”, afirmó Mercau en conferencia de prensa a diez días de la detención de Sala, imputada por delitos penales a raíz de un acampe en la plaza Belgrano de la capital jujeña, que reclama desde hace un mes y medio diálogo al gobernador Gerardo Morales. 
 

Miagro Sala fue imputada por "instigación a cometer delitos" y "tumultos" en una causa en la cual todavía, según dijo Mercau, “se están produciendo pruebas, y de hecho en esta mañana se tiene previsto una toma de testimoniales y se han pedido más informes que faltaban a los canales de televisión y a otros medios respecto a filmación de la fecha del acampe”.

“Cuanto más tiempo pase más se agrava su situación de detención arbitraria e ilegal", dijo a su vez el abogado defensor de Sala, Luis Paz.

El letrado afirmó que, "si quisiera, el juez podría resolver hoy mismo el pedido de cese de detención puesto que tiene los instrumentos legales para hacerlo. La ley orgánica del Poder Judicial lo determina y la Constitución de la Provincia de Jujuy lo ordena”.

Por su parte, Amnistía Internacional lanzó hace días una “acción urgente” exigiendo garantías para la integridad física de Sala, que se ordene su liberación y se ponga fin a la persecución de las organizaciones sociales.

“Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, organización que junto al CELS y otras entidades formuló la semana pasada un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Milagro Sala.

Otra fuente próxima a la defensa dijo esta tarde a Télam que el juez Mercau expuso en su conferencia de prensa una "interpretación dilatoria" respecto de plazos procesales, señaló que "ya se cumplieron los cinco días contemplados en el Código" procesal penal de la provincia y que, por otra parte, "tratándose de una detención la resolución debería ser inmediata", por lo que los abogados de Sala presentaron un "pronto despacho". 

La Cámara de Casación Penal estableció en el caso “Díaz Bessone” que los procesados con prisión preventiva, incluso acusados por delitos graves -y el de Sala no es el caso- tienen derecho a gozar de libertad durante el proceso siempre que no entorpezcan la investigación ni haya peligro de fuga, recordó la misma fuente.

"Las imputaciones son infundadas porque Milagro Sala y otros imputados por el acampe no actuaron para frenar una ley sino para lograr un diálogo con el gobierno provincial, y además ella siempre estuvo a derecho y es una persona con actuación pública, sin intención alguna de profugarse", añadió.

En la rueda de prensa, Mercau recordó que “el expediente comenzó a tramitarse en diciembre con una imputación contra personas a establecer, y posteriormente la fiscal de feria decide ampliar la imputación y allí pide la detención de Sala, lo que fue ordenado por el juez (Raúl) Gutiérrez”, quien luego pidió licencia.

Tras hacerse cargo de la causa, Mercau manifestó que había recibido "una presentación de hábeas corpus y un pedido y ofrecimiento de pruebas por parte de la defensa” y que “actualmente está pendiente de resolución la presentación de los abogados defensores por la excarcelación de Sala”.

Consultado sobre cuáles fueron las razones de la detención de Sala, Mercau manifestó “para detener a una persona hay distintos indicadores de peligrosidad procesal" y estimó que Gutiérrez tal vez entendió que existía riesgo "de fuga o de entorpecimiento del proceso, pero no se qué es lo que consideró”.

De todos modos, "hay una causa en el tribunal oral federal y otra causa que se tramita en el juzgado de control Nº2 y no sé si eso es lo que consideró el juez Gutiérrez”, añadió.

La aludida causa federal es la única en la que Sala está procesada -en resolución apelada ante la Corte Suprema- por daño, como presunta "autora intelectual" de un huevazo en un escrache por el cual Gerardo Morales la denunció penalmente en el 2009.

Milagro Sala permanecía detenida en la cárcel de mujeres del barrio Alto Comedero, después de pasar en una comisaría los primeros días de su arresto, concretado el pasado 16 de enero y los delitos que se le imputan contemplan penas que van de uno a seis años de prisión.

Con relación al acampe de la Red de Organizaciones Social en la plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno provincial, el juez dijo que "en el expediente hay una imputación por entorpecimiento del transporte terrestre por lo que había ordenado despejar las arterias" tras un pedido del fiscal de Estado, Mariano Miranda, pero aclaró que no existe "ningún pedido de desalojo". 

Al margen de las imputaciones por las que Sala está detenida, el fiscal Miranda dijo que, "si se logra acreditar el relato de hechos denunciados" por Morales y particulares sobre supuestas irregularidades respecto de partidas de dinero destinadas a la construcción de viviendas, habría "delitos –la asociación ilícita agravada- con penas máximas de hasta 20 años".