Los 200 años de la Declaración de la Independencia que se cumplen este año están sirviendo tanto al oficialismo como a la oposición peronista como marco de un gran "acuerdo de gobernabilidad" que permita, al presidente Mauricio Macri, cumplir con sus promesas electorales y, a los gobernadores del PJ, hacerse de fondos públicos que devuelvan a sus provincias al sendero de la viabilidad económica. 

No fue casualidad, por ello, que tanto la vicepresidenta, Gabriela Michetti, como el jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Pichetto, hayan invocado la importantísima fecha patria luego de la reunión que el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior y Obras, Rogelio Frigerio, mantuvieron el miércoles con las principales espadas legislativas de todos los bloques. 

"Este año se cumplen los doscientos años de la Declaración de la Independencia y es necesario construir diálogo, consensos y gobernabilidad. La Nación tiene una agenda y sería importante que la construyamos con consenso”, sostuvo Pichetto, quien asistió con un grupo de senadores de su bloque para poner en la mesa de discusión de la Casa Rosada la necesidad de que se avance en la devolución del 15% de la coparticipación que se les retrae a las provincias para financiar a la Anses (excepto a Córdoba, San Luis y Santa Fe, que fueron favorecidas por un fallo de la Corte), a la vez que pidieron que el Ejecutivo cumpla con la palabra empeñada con los gobernadores justicialistas, a mediados de enero, cuando se comprometió a enviar fondos para obras públicas que están frenadas. 

Horas más tarde, la vicepresidenta Michetti, gestora de la reunión de senadores y ministros, también evocó el Bicentenario de la Independencia. “Se puede hacer un acuerdo de gobernabilidad”, sobre todo “en un año como éste en el que se cumplen 200 de la Independencia. Es una posibilidad para hacer acuerdos de largo plazo. Se puede aprovechar todo eso para firmar o por lo menos acordar temas de educación, seguridad, justicia”, sostuvo. 

De este “acuerdo de gobernabilidad” impulsado básicamente por los mandatarios de las provincias gobernadas por la oposición -que son una enorme mayoría ya que Cambiemos sólo gobierna Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Corrientes y la Capital Federal- depende que se destraben las principales urgencias legislativas que tiene el Gobierno nacional cuyas votaciones deberán darse en marzo o abril. 

Una de ellas involucra solamente al Senado nacional ya que se trata del aval a los dos juristas elegidos por Mauricio Macri para integrar la Corte Suprema: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En esta Cámara los gobernadores del PJ controlan al menos 25 de los 40 integrantes del FpV y a ellos hay que sumar otros tres aliados -uno de Santiago del Estero y dos de La Pampa. 

Si a este grupo se le adicionan el cordobés Carlos Caserio y sus dos colegas del bloque UNA y los siete del Interbloque Federal que conduce Adolfo Rodríguez Saá, el peronismo dialoguista con el Gobierno nacional llega a los 35 senadores, un número que supera con creces a los 15 de Cambiemos y que permitiría al oficialismo llegar a los dos tercios necesarios que exige la Constitución para convalidar la nueva integración de la Corte. 

El apoyo a los candidatos de Macri dependerá del grado de asistencia que reciban las provincias gobernadas por el PJ. Así se lo insinuaron Pichetto y sus adlátares a Peña y Frigerio en la Casa Rosada. El formoseño José Mayans pidió “resultados concretos” más allá de la buena voluntad expresada por el Ejecutivo con los gobernadores.

“Volvemos todas las semanas a nuestras provincias y tenemos que dar explicaciones”, graficó. Pero, a la vez, existe una negociación paralela entre el FpV como el oficialismo que, si bien no niegan, intentan relativizarla: la ampliación del número de la Corte que hoy tiene cinco integrantes y que podría dispararse a siete o nueve. 

Pichetto, principal impulsor de esta idea en el Senado, encontró eco en Michetti pero por ahora no ha recibido señales explícitas de Macri.

Quienes cuestionan al senador rionegrino por su predisposición a acompañar la gobernabilidad, como el subgrupo de las cuatro senadoras de La Cámpora y unos seis u ocho legisladores identificados con Cristina Fernández, dicen en voz baja que lo que en realidad busca el jefe del bloque es convertirse en juez del Máximo Tribunal cuando se produzca la decisión política de ampliar el número.

Los buitres y otras leyes en carpeta

El otro gran tema que desvela a la Casa Rosada es el cambio de la "Ley Cerrojo" y de las normas subsidiarias en las que ésta fue ratificada, como el Presupuesto 2016. Se trata de un obstáculo para pagar a los holdouts en caso de que Hacienda termine de cerrar un acuerdo con los bonistas que antes no aceptaron la reestructuración de la deuda externa en default.

Una idea sobrevuela en el oficialismo y podría tomar cuerpo esta semana cuando el premier de Italia, Matteo Renzi, sea recibido por Macri (ver aparte). Se buscará una foto de apoyo del mandatario italiano al acuerdo que Argentina ya llegó con los tenedores de bonos de su país. 

"Esto podría dar lugar a que el Ejecutivo envíe la modificación de la Ley Cerrojo al Congreso para que en Nueva York entiendan que la Argentina está dispuesta a cerrar este capítulo y trasladar así la presión a los fondos buitre que se muestran más intransigentes", explicó un encumbrado legislador de Cambiemos. 

Si los dos primeros temas que tienen prioridad son el acuerdo para los jueces de la Corte y la eliminación de la Ley Cerrojo, el tercero entre los más importantes es, sin dudas, la modificación del impuesto a las Ganancias y la tabla con las escalas que no fueron actualizadas por el kirchnerismo.

La decisión del Gobierno es consensuar entre la semana que se inicia y la próxima el proyecto tanto con los gremios -fue un compromiso que tomó la Casa Rosada tras recibir a las centrales obreras el jueves pasado- como con el Congreso. 

Otro tema que podría llegar con el paquete económico es la ampliación de todas las asignaciones familiares, incluyendo la AUH, a toda la población mientras que el paquete de leyes de Seguridad propuestos por la ministra Patricia Bullrich, como la ley de arrepentido o la de derribo de aviones del narcotráfico, podría llevar más tiempo de discusión. 

Como parte de una “agenda positiva” e “institucionalista”, el oficialismo impulsará dos leyes que ya están siendo redactadas: la de Acceso a la Información Pública, largamente resistida por el kirchnerismo cuando estuvo en el poder, y la Reforma Política, cuyo objetivo principal es dejar atrás la boleta de papel y suplirla por el voto electrónico.