“Los intendentes que representamos a este bloque señalamos que existe una  manipulación excluyente de los recursos del Estado a provincias y municipios que responden exclusivamente a su proyecto político”, señala en uno de sus párrafos el documento dado a conocer en conferencia de prensa por Jorge Capitanich. Siendo acompañado por los intendentes Julio Pereyra (Florencio Varela), Verónica Magario (La Matanza), Patricio Mussi (Berazategui), Fabián Ríos (Corrientes) y Cresto, entre otros.
 
El documento.
"Desde la decisión inicial de la Corte Suprema de Justicia de discriminar a las provincias argentinas, violando el principio de igualdad ante la ley, mediante la devolución del 15 % de las retenciones de recursos coparticipables tan solo a las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe en detrimento de las restantes provincias argentinas. Y luego el decreto suscripto por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 2635/2015, que restituyó los fondos a todas las provincias argentinas promoviendo el desistimiento de las acciones judiciales con el objeto de garantizar igualdad para todas las jurisdicciones, el Presidente Macri deroga - a través del decreto 73/2016 - el decreto 2635/2015. 
 
Existen estas tres provincias privilegiadas, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que recibió unilateralmente un aumento del 1,4% al 3,75 % del coeficiente de distribución; bajo una absurda justificación de la transferencia de la Policía Federal bajo su órbita, promoviendo de esta manera que del lugar 19° pase al lugar 4° en el nivel de transferencias automáticas, con un excedente de 8000 millones de pesos adicionales al costo de transferencia de la policía.
 
Pero esto no se acaba aquí, la provincia de Buenos Aires recibe fondos discrecionalmente para cubrir su déficit fiscal, mientras que el resto de las provincias argentinas - con un trato alevosamente discriminatorio - tiene paralizadas las obras públicas con miles de trabajadores de la construcción desocupados.
 
Nos piden consenso para garantizar gobernabilidad, pero en las provincias y municipios donde ejercen el rol de oposición política, obstaculizan y fustigan a nuestros gobiernos. Nos votan todas las iniciativas en contra, y en la transición de gobierno, nos dejaron un tendal de deudas y nombramientos que condicionan severamente la administración fiscal de nuestros municipios.
 
Pero nosotros no adoptamos decisiones salvajes como el Intendente de La Plata. Nosotros no reprimimos la protesta social, no estigmatizamos los movimientos sociales ni tampoco aceptamos la manipulación mediática de condenar ex profeso a las cooperativas, a los movimientos sociales, ni tampoco a las múltiples iniciativas tendientes a desarrollar la economía social como fuente genuina de recuperación del trabajo para los sectores populares.
 
Nosotros, los Intendentes que cotidianamente convivimos con nuestros vecinos, manifestamos nuestra voz en defensa de los trabajadores públicos y privados despedidos en el marco de un ajuste salvaje, liderado por una devaluación sin plan que persigue impiadosamente una estrategia de transferencia de ingresos a las corporaciones económicas nacionales y trasnacionales más concentradas y privilegiadas de la Argentina.
 
Por primera vez en la historia democrática de nuestro país, la centroderecha de base neoliberal gobierna legítimamente con el respaldo mayoritario del pueblo argentino, lo cual merece nuestro respeto; pero también, nuestro firme compromiso de preservar los logros alcanzados desde el año 2003, ejerciendo la defensa de los derechos conquistados, de la soberanía nacional y los intereses de nuestra Patria.
 
El Presidente Mauricio Macri asumió la responsabilidad de conducir los destinos del país en base a tres compromisos: a) pobreza cero, b) unión de los argentinos y c) combate al narcotráfico.
 
Nosotros no necesitamos 100 días para darnos cuenta cuál es el rumbo y cuáles serán las consecuencias funestas del rumbo tomado.
Ningún Intendente, que representa la genuina base territorial de habitantes y ciudadanos en cada rincón de nuestra patria, puede aceptar la violación de nuestra Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. No puede aceptar el federalismo excluyente para pocos, y no puede aceptar decisiones unilaterales que se ejercen sin el consenso de los representantes en el Congreso de la Nación.
 
La democracia es así. El PRO votado por el 34 % en la primera vuelta electoral, y que obtuvo un triunfo por una diferencia nimia en el balotaje, no puede pretender gobernar por decreto sin respetar las expresiones diversas que el pueblo argentino anida en su seno. 
 
Si no logra consenso, entonces deberá esperar el turno electoral del año 2017 para obtener o no el respaldo suficiente a los efectos de legitimar las decisiones políticas que forman parte de los compromisos adquiridos con el pueblo argentino, y con los ciudadanos que le dieron el respaldo a través de su voto. De esa manera se fortalece el sistema político e institucional, cuando existe interacción entre oficialismo y oposición, y cuando cada cual asume su rol de una manera indelegable.
 
Nuestra posición política nos permite respaldar ciertas decisiones que fueron parte de la campaña proselitista de nuestra fórmula electoral. Estamos de acuerdo con la eliminación de los derechos de exportación para nuestras economías regionales, la reducción de las retenciones a la soja y parcialmente compartimos el diseño de eliminación de las retenciones de maíz y trigo. 
 
Pero advertimos que estas decisiones son insuficientes si no existe capacidad de intervención del Estado en la cadena de valor para regular adecuadamente la apropiación del excedente, pues los grupos concentrados de siempre se llevan el esfuerzo de nuestros productores pequeños y medianos.
 
Creemos indispensable debatir en el ámbito del Congreso de la Nación la reforma en el Mínimo no Imponible del Impuesto a las Ganancias y el sistema de deducciones especiales, pero advirtiendo respecto del impacto en la reducción de las transferencias de ingresos de coparticipación que afecta la gobernabilidad de provincias y municipios.
 
Nosotros no avalamos el procedimiento adoptado para el ajuste de tarifas de servicios públicos, ni el método propuesto, ni tampoco el impacto alevoso que sufren en el ingreso disponible de las familias argentinas generando una licuación en los salarios y en el sistema de protección social que tanto costó construir en nuestra patria mediante un efecto redistributivo de la renta. El ajuste de tarifas públicas lo siente cada vecino cuando recibe la boleta de luz, gas, agua potable y cloacas, o cuando toma un medio de transporte público y también nos afecta en la morosidad de nuestros recursos tributarios.
 
Los intendentes que representamos genuinamente el sentir de nuestro pueblo actuamos en defensa propia.Tenemos que hacer oír nuestra voz para señalar que por ese camino vamos mal. No podemos retroceder a épocas aciagas y oscuras para nuestra patria. No necesitamos más tiempo para ver que, según fuentes sindicales, hay 50.000 trabajadores desocupados públicos y privados que serán muchos más de persistir en esta dirección.
 
Manifestamos nuestra oposición a la propuesta de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión invocando las atribuciones del artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional. Ambos miembros no poseen la idoneidad moral e intelectual para el ejercicio del cargo en virtud de aprobar un procedimiento que, no sólo vulnera la esencia del sistema republicano de gobierno, sino que también cuestiona la vigencia del decreto 222/2003.
 
Manifestamos también nuestra oposición a la intervención del AFSCA Y AFTIC por medio de un DNU, en virtud que ambos organismos contenían en sus respectivas leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Y los procedimientos para la remoción de sus miembros, como así también es preciso advertir que la derogación fáctica de estas normas - sin contar con el aval de los representantes del pueblo - es violatorio no solamente de la división de poderes, sino también de la esencia de la democracia que tanto nos costó conseguir a los argentinos. Máxime teniendo en cuenta que estas iniciativas legislativas tuvieron un fuerte respaldo institucional.
 
Manifestamos nuestro estupor cuando observamos que el Presidente se “enferma” para no asistir a la cumbre de CELAC, pero se “cura” para asistir a la cumbre de DAVOS y no ejerce ante el primer ministro David Cameron la reivindicación de nuestra soberanía en las Islas Malvinas. No tiene agenda para atender a las “Abuelas y Madres de Plaza de Mayo”, pero si para atender otras cuestiones de gobierno. Pero del estupor nos vamos al asombro, cuando observamos el concepto de “atemporalidad”, de resignar la historia y nuestra propia identidad desde los billetes del BCRA hasta los cuadros de nuestros patriotas latinoamericanos.
 
La devaluación sin plan significa enorme transferencia de ingresos a grupos concentrados, pero también se pretende la instauración de un cepo a las paritarias para que los trabajadores paguen las consecuencias de este ajuste impiadoso. No es casualidad el virtual cierre del INDEC, “la desaparición” del índice del Congreso y la modificación del CER, para propiciar una transferencia alevosa a los bancos y tenedores de bonos. Lo que se pretende es justamente eliminar un parámetro de referencia en la discusión salarial a los efectos de licuar salarios e ingresos fijos.
 
El interés de obtener un acuerdo con los fondos buitres en el marco de un acuerdo con el FMI, constituye una clara estrategia de endeudamiento irresponsable para reducir la autonomía financiera y la soberanía nacional. Los grandes logros obtenidos en la renegociación de la deuda con una quita histórica, se pretende reponer a los usureros internacionales para favorecer a bancos de inversión que pretenden lucrar con jugosas comisiones atentando contra los intereses del pueblo argentino.
 
Nos faltó un poco más de tiempo para lograr autoabastecimiento energético, potenciar una industrialización acelerada sustitutiva de importaciones, incrementar y diversificar nuestras exportaciones y lograr más y mejores inversiones destinados a lograr una logística integrada de buena calidad para favorecer la competitividad de la economía nacional.
No podemos tirar por la borda el esfuerzo realizado en la década pasada sólo por revanchismos inútiles y la aplicación despiadada del manual del neoliberalismo más retrógrado.
 
El tiempo del debate es hoy, es ahora. El tiempo de decisiones es hoy, es ahora. El gobierno no va por la unión y por el consenso, va por el camino de construir la hegemonía quebrando los cimientos de la base popular que anida en el pueblo peronista que históricamente ha resistido en todas las batallas. 
 
El gobierno no va contra el narcotráfico, sino usa el tema para declarar la emergencia de seguridad con el objeto de reprimir y criminalizar la protesta social y encarcelar a los pobres. El gobierno no va contra la pobreza cero, ni por la pobreza cero, sino está construyendo el camino de la exclusión que deviene en pobreza irreversible.
 
Nosotros no podemos mirar para otro lado, por lo tanto y de modo inmediato, solicitamos:
- a la Corte Suprema de Justicia la restitución del 15 % de los recursos coparticipables en virtud de lo establecido por la ley 26078 mediante una acción judicial específica;
- la inmediata transferencia de recursos para garantizar la continuidad de obras públicas que motoricen la creación de empleo genuino en la industria de la construcción (viviendas, rutas, puentes, escuelas, hospitales, centros de salud, etc.) y el desarrollo de la economía social mediante el trabajo del sistema cooperativo;
- al gobierno nacional la transferencia directa de los Fondos de Emergencia para poder hacer frente a la atención de contingencias hídricas, sanitarias,  a las provincias que fueron afectadas por las inundaciones y que fueron sufragadas por los gobiernos provinciales y municipales;
-  a los gobernadores de las provincias argentinas de nuestro espacio  político un lugar de representación respecto a la estrategia para llevar adelante nuestros reclamos;
-  al Gobierno Nacional el cese de la discriminación política, de la persecución ideológica, de la criminalización de la protesta social, del uso abusivo de los DNU y de las negociaciones con los fondos buitres a espaldas del pueblo argentino;
-  a nuestros diputados y senadores ser escuchados para no adoptar ninguna decisión que no nos interprete ni nos represente, manteniendo siempre como prioridad la unidad del bloque. Porque los votos de cada uno, es fruto del esfuerzo y del trabajo territorial que con mucho énfasis se realiza en cada rincón de nuestra patria.
 
Nos preocupa especialmente en esta instancia, la aprobación de los pliegos de los jueces propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la manipulación del oficialismo respecto a birlar la representación de un miembro del Consejo de la Magistratura que por derecho nos corresponde, la intención de modificar la “ley cerrojo” a los efectos de propiciar un arreglo ruinoso con los fondos buitres y la solución definitiva de la trasferencia del 16,9 % de recursos coparticipables retenidos por el Estado nacional de manera incorrecta.
 
Del mismo modo que la solución definitiva de las transferencias de fondos previsionales para las provincias argentinas que no transfirieron sus cajas previsionales al sistema de seguridad social.  Al mismo tiempo advertimos nuestra oposición a la autorización de estrategias de endeudamiento irresponsable que además concentra recursos en la Nación e impide transferencias a las provincias y municipios.
 
Proponemos al Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista la conformación de un foro amplio con la participación de gobernadores, intendentes, diputados y senadores, a los efectos de ejecutar una estrategia coordinada de oposición política en el contexto de esta transición hasta el recambio de autoridades; principalmente, a partir del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, a los efectos de evitar la fractura interna y potenciar la unidad de concepción para lograr la unidad de acción.
 
Proponemos construir un espacio amplio de participación política con los gremios, con los movimientos sociales, con la representación de base de organizaciones libres del pueblo para defender los intereses de nuestro pueblo, de nuestra Patria y de nuestra soberanía nacional, para construir un frente social solidario que impida la estigmatización de la protesta social y promueva de inmediato la liberación de Milagro Salas y los militantes sociales detenidos por las políticas represivas bajo la invocación de la emergencia de seguridad. Como así también rechazamos la represión como método para atemorizar a los trabajadores como pasó con Cresta Roja, con los trabajadores municipales de La Plata y otras manifestaciones sociales.
 
Y transmitimos al gobierno nacional que estamos dispuestos a trabajar juntos por un verdadero federalismo, por la unión de los argentinos para combatir la pobreza y el narcotráfico pero no para arrodillarnos ante los fondos buitres, ni el FMI ni las corporaciones económicas más poderosas del país y del mundo.
 
“Queremos ser artífices del destino común y no instrumento de la ambición de nadie. Sólo le pueblo salvará al pueblo”, dice para finalizar el documento de los intendentes .
 
10 de marzo nueva reunión en Formosa.
El presidente de la Federación Argentina de Municipios, Julio Pereyra destacó la organización del evento realizado en Resistencia y resaltó la importancia del encuentro para fortalecer la organización de los intendentes tanto desde lo institucional como lo político.  
 
En este contexto, adelantó que el próximo 10 de marzo se realizará un encuentro similar en Formosa, para elegir las autoridades dentro del bloque PJ de la FAM. Este encuentro tendrá  la particularidad de tener como invitados a gobernadores y referentes políticos nacionales, para ampliar el debate en torno a las formas que en lo institucional y político debería  tener el Justicialismo en este nuevo contexto.