Más de 200 agentes de la Policía Federal de Brasil participaron esta mañana en diversos allanamientos, que incluyeron la casa del ex mandatario

la residencia de uno de sus hijos, la sede del Instituto Lula y oficinas de la constructora Odebrecht.

El ex presidente brasileño Luiz Lula da Silva se trasladó directamente al directorio nacional del Partido de los Trabajadores (PT) luego de declarar por más de cuatro horas en las oficinas de la Policía Federal en San Pablo.

Lula da Silva fue recibido las 12.45 por militantes que lo vivaron en la sede del PT, en el centro de San Pablo, donde fue convocada una reunión de la conducción petista, que esta mañana convocó a su militancia a "movilizarse".

Previamente el titular del PT, Rui Falcao, convocó a una "vigilia de la militancia" en respaldo del líder y fundador de la agrupación.

Lula, cuyo domicilio fue allanado este viernes, fue trasladado a esa dependencia policial a raíz de una orden de "conducción coercitiva" para declarar en la fase 24 de la Operación Lava Jato, bautizada como Aletheia, expresión griega que significa "búsqueda de la verdad".

El objetivo de la nueva operación es dar continuidad a las investigaciones de delitos de corrupción y lavado de dinero, entre otros practicados por diversas personas en el contexto de la trama criminal revelada y relacionada con Petrobras.

En un comunicado, la Policía dijo que unos 200 agentes y 30 inspectores de la Secretaría de Ingresos Federales cumplieron 44 órdenes judiciales, de las cuales 33 son de búsqueda e incautación y 11 de conducción coercitiva, como se denomina al procedimiento en el que alguien es llevado a la comisaría para declarar y luego es liberado.

En el centro del petrolão

El sorpresivo operativo llega un día después de que tanto Rousseff como Lula fueran empujados al centro de atención del "petrolão" por la revelación de la revista Istoé que publicó un supuesto acuerdo de delación premiada al que habría llegado con la Justicia el arrepentido senador petista Delcídio Amaral, detenido en noviembre por su participación en la red de sobornos.

Según la publicación, el defenestrado senador, ex jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, tanto la presidenta como su padrino político estaba al tanto del esquema de coimas y sobrefacturación dentro de Petrobras.

Amaral apuntó que Rousseff utilizó su poder para evitar la punición de corruptos y corruptores, al designar para el Superior Tribunal de Justicia a un juez que se comprometió a votar a favor de liberar a los empresarios arrestados por haber sobornado a directivos de Petrobras y a políticos oficialistas a cambio de contratos con la petrolera estatal. Y acusó a Lula de actuar personalmente para bloquear las investigaciones judiciales al ordenar el pago de dinero para intentar comprar el silencio de testigos del "petrolão".

Istoé obtuvo copias del acuerdo de delación premiada negociado entre la Procuraduría General de la República y Amaral, quien desde el 19 de febrero cumple prisión domiciliar. La revista aclaró que el documento de unas 400 páginas aún no había sido aceptado por el Supremo Tribunal Federal (STF), que cuestionó una cláusula de confidencialidad exigida por el senador.

Ayer, tanto Rousseff como Lula negaron vehementemente las acusaciones. La presidenta además, repudió "el uso abusivo de filtraciones como arma política".