La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que no renunciará a su cargo pese a las presiones crecientes que enfrenta por parte de la oposición por la crisis política y por el escándalo de corrupción que ha salpicado a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, para quien la Fiscalía de San Pablo pidió prisión preventiva.

"Creo que solicitar mi renuncia es reconocer que no existe base para el impeachment", afirmó Rousseff en una rueda de prensa en el palacio presidencial de Planalto, en alusión a la figura de derecho anglosajón con la que se conoce el proceso de destitución que trata de impulsar la oposición.

"Es imposible creer que por mi trayectoria política, por mi honradez, me resigno ante los que actúan con absoluta falta de respeto a ley", agregó la mandataria, citada por EFE.

Rousseff criticó a los partidos opositores que demandan su destitución y les sugirió que "deberían proceder de acuerdo con la Constitución".

En la conferencia, la mandataria también se refirió al pedido de prisión preventiva contra el ex presidente Lula presentado por la Fiscalía de San Pablo, de la que advirtió que "pasó todos los límites".

Rousseff dijo que la orden de arresto emitida por fiscales de Sao Paulo contra el ex presidente Lula no tenía bases legales.

La mandataria declinó confirmar reportes de prensa que indicaban que Lula recibiría el ofrecimiento de un puesto en su gabinete como forma de darle inmunidad en la investigación de corrupción, pero dijo que estaría orgullosa de tenerlo en su gobierno.

La creciente investigación de corrupción que rodea a la petrolera estatal Petrobras ha vuelto a legisladores clave del principal partido de Brasil en contra de Rousseff, amenazando con dividir a su coalición y aumentando las posibilidades de un juicio político en el Congreso este año.

"El gobierno repudia el acto practicado contra el (ex) presidente Lula", dijo Rousseff.

La Fiscalía paulista solicitó este jueves la prisión preventiva de Lula por delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos en un proceso por corrupción paralelo al que investiga las irregularidades en Petrobras.

Rousseff abundó en que la petición de la fiscalía "sobrepasa el sentido común" y es un "acto de injusticia", sobre todo debido al bagaje político de Lula y por el "respeto internacional" del que goza.

La mandataria se negó a comentar los rumores de que habría ofrecido un ministerio a Lula, pero aseguró que "tendría el mayor orgullo" de incluirlo en su gabinete.

También criticó las "filtraciones selectivas" a la prensa de los casos de corrupción y advirtió que "los rumores son negativos para la economía", y aprovechó para pedir "más diálogo", "menos turbulencia" y "pacificación" para reducir la crisis política que atraviesa el país.

En relación a las protestas convocadas para el domingo contra su gobierno, pidió que sean "pacíficas" y apuntó que las manifestaciones son "una de las victorias de la democracia brasileña".