La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) buscará embargar activos del empresario Cristóbal López para evitar que pueda declararse insolvente y dejar impaga la deuda fiscal por $ 8000 millones que acumuló durante los últimos años del kirchnerismo.

El presidente Mauricio Macri anunció esa decisión al afirmar que el reemplazante de Ricardo Echegaray al frente de la AFIP, Alberto Abad, está "buscando trabar embargos sobre todo lo que se pueda para quese paguen los 8000 millones", según precisó durante una entrevista que concedió al programa La cornisa, de Luis Majul.

"Este tipo de abusos no van a suceder más, es lo que no vamos a tolerar", señaló el Presidente. "Acá todo el mundo tiene que respetar las mismas reglas. Acá no hay amigos y no amigos del Gobierno. La ley es la misma para todos", sostuvo.

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Macri aludió así a una investigación que publicó ayer LA NACION, en la que expuso que López retuvo $ 8000 millones en impuestos a la transferencia de los combustibles (ITC) que debió girar a la AFIP, pero que utilizó para solventar la expansión de su Grupo Indalo, comprar empresas y financiar proyectos que daban pérdidas. Es decir que se financió con di

Esto surgió luego de que el periodista Hugo Alconada Mon publicará el domingo pasado en el Diario La Nación una nota sobre la forma de financiar con recursos del Estado la expansión los socios del Grupo Indalo.

El presidente Mauricio Macri anunció la decisión de ir contra el Grupo al afirmar que el reemplazante de Ricardo Echegaray al frente de la AFIP, Alberto Abad, está “buscando trabar embargos sobre todo lo que se pueda para quese paguen los 8000 millones”, según precisó durante una entrevista que concedió al programa La cornisa, de Luis Majul.

“Este tipo de abusos no van a suceder más, es lo que no vamos a tolerar”, señaló el Presidente. “Acá todo el mundo tiene que respetar las mismas reglas. Acá no hay amigos y no amigos del Gobierno. La ley es la misma para todos”, sostuvo.

El primer paso concreto contra el Grupo en la AFIP fue trasladar su petrolera Oil Combustibles de una pequeña agencia de Palermo a Grandes Contribuyentes Nacionales para reforzar los controles.

Por su parte, la diputada nacional y referente de Cambiemos Elisa Carrió anticipó ayer que se presentará hoy ante la Justicia para que impulse la investigación por presunta asociación ilícita contra los Kirchner, López, Lázaro Báez y otros. “Siento asco moral al ver que la impunidad continúa”, planteó.

El primer paso fue trasladar su petrolera Oil Combustibles de una pequeña agencia de Palermo a Grandes Contribuyentes Nacionales para reforzar los controles. Y, luego, iniciaron una serie de investigaciones administrativas e intimaciones.

Tanto López como De Sousa optaron ayer por el silencio. Pero un vocero reafirmó que "no hay nada ilegal" en la actuación del Grupo Indalo, según un cable de la agencia de noticias NA. "La deuda está reconocida. Que esos fondos [tributarios) sean usados para otras inversiones es porque hubo una crisis petrolera y la compañía tuvo que subsistir a ella."

Horas antes de la publicación de la investigación, el socio del "zar del juego" defendió el proceder del Grupo Indalo. Sostuvo que López se limitó a "utilizar todos los recursos que uno tiene para siempre estar invirtiendo", según indicó al diario Perfil. "Tendría que tener el culo muy sucio para escapar si alguien investiga. Nosotros no tenemos nada que esconder", afirmó al ser consultado respecto de si el divorcio de su socio era una medida preventiva por la inminente publicación de investigación de LA NACION.

De Souza también sostuvo que hicieron "las cosas como corresponde" y que, en cualquier caso, hizo lo que cualquier otra empresa pudo haber hecho, como acogerse a planes de pago de la AFIP por esa deuda multimillonaria. "¿Por qué yo no puedo acceder a los beneficios que acceden todos?", desafió.

En rigor, uno de los planes de pago que obtuvo Oil Combustibles es conocido en el ámbito tributario como "del artículo 32", es decir, un plan que depende de la exclusiva y discrecional decisión del titular de la AFIP, que en ese momento era Echegaray.

Más relevante, Oil Combustibles fue la única petrolera grande que opera en el país que se quedó con dinero del ITC, ya que ni YPF -incluso después del ingreso del Estado nacional-, ni Shell, ni Petrobras, ni Axion adeudan dinero por ese impuesto ni adoptaron una operatoria similar, según documentos que cotejó LA NACION.

Por su parte, la diputada nacional y referente de Cambiemos Elisa Carrió anticipó ayer que se presentará hoy ante la Justicia para que impulse la investigación por presunta asociación ilícita contra los Kirchner, López, Lázaro Báez y otros. "Siento asco moral al ver que la impunidad continúa", planteó.

"La complicidad de Echegaray y los Kirchner con Cristóbal López para llevar a cabo esta maniobra de evasión es escandalosa", dijo, para luego sostener que también le reclamará a la actual conducción de la AFIP que "determine las complicidades que permitieron este fraude".

Horas después, Echegaray emitió un comunicado de prensa para defender su actuación, que calificó como "absolutamente legal", y reiteró que, tal como publicó LA NACION en su edición de ayer, la Justicia lo sobreseyó en 2014, cuando se investigó el primer plan de pagos que le otorgó a Oil Combustibles. Echegaray indicó que evalúa presentarse ante la Justicia para "denunciar civilmente por daños a aquellos legisladores" que, como Carrió, actúan como "denunciantes crónicos y seriales para mantenerse con visibilidad en los medios".

¿Riesgo de insolvencia?

Mientras las maniobras de López, De Sousa y Echegaray quedaron a un paso de Tribunales, en tanto, las nuevas autoridades de la AFIP también evalúan ahora cómo garantizarse el recupero de los $ 8000 millones que adeuda Oil Combustibles.

La separación del Grupo Indalo, tal como se anunció el viernes, alimenta esos temores. En particular porque López se quedaría con las empresas con más activos y rentables -en particular, Inversora M&S, que acumuló $ 3400 millones mediante préstamos con fondos retenidos del ITC-, en tanto que De Sousa se quedaría con Oil Combustibles y otras compañías muy endeudadas o deficitarias.

La auditora externa de los balances de Oil Combustibles, Deloitte, expuso algunos de los riesgos latentes al analizar los números de la petrolera ahora cuestionada en el último balance, que cerró a mediados de 2015 y cuya copia obtuvo LA NACION.

Deloitte indicó que al 30 de junio de ese año los pasivos corrientes de la empresa ya superaban sus activos corrientes, "lo que originó un capital de trabajo negativo de 646 millones" de pesos, lo que se sumaba al pasivo acumulado con la AFIP por $ 6010 millones, cifra que los expertos de Deloitte aclararon que a su vez continuó en ascenso porque López siguió sin pagar durante varios meses más.

La práctica de Oil Combustibles de cobrar pero no girar el ITC registró un giro con la salida de Cristina Fernández de Kirchner de la Casa Rosada y el arribo de Mauricio Macri. "La empresa ha comenzado a regularizar -precisó Deloitte-, generando pagos parciales a partir del mes de diciembre", cuando también Echegaray se marchó de la AFIP.

Incluso si los dueños de Oil Combustibles optaran por aportarle fondos frescos a la petrolera, López debería recurrir a la cartera que hasta ahora mantuvo por separado, el juego, aunque implicará otros desafíos, según indicaron colaboradores directos del empresario a LA NACION.

¿Por qué? Porque López controla el 30% de Casino Club, que en 2012 facturó $ 5570 millones, según los datos que recabaron los periodistas Ramón Indart y Federico Poore para su libro El poder del juego. Pero ésa es la facturación, no su ganancia neta, y en una sociedad que opera con distintos socios que en el Grupo Indalo.