La Cámara de Diputados se aprestaba a aprobar esta madrugada el proyecto de ley que habilita al Gobierno nacional a pagarles a los holdouts. La iniciativa deroga, para cumplir este objetivo, las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y ratifica los distintos acuerdos celebrados con los distintos grupos de acreedores que tienen deuda argentina en default.

Además, establece la emisión de nuevos bonos por hasta 12.500 millones de dólares, a fin hacerse de divisas para pagar en efectivo a los holdouts. 

Todas las fuerzas políticas daban por asegurada la media sanción de la Cámara baja al punto de que hoy el ministro Alfonso Prat Gay asistirá al Senado para comenzar la discusión del proyecto en esa Cámara y mañana será el turno de los gobernadores. 

Durante la tarde de ayer, el oficialismo logró acordar un nuevo texto para la ley, con los cambios propuestos por el peronismo dialoguista y también por el socialismo.

La principal novedad es que se le impondrá a los tenedores de la nueva deuda que emitirá la administración Macri para pagarles a los buitres cláusulas de acción colectiva, de modo que el Tesoro pueda reestructurar esta deuda (en caso de ser necesario) con la aceptación del 65% de los mismos y cerrando la puerta a que el 35% restante pueda accionar legalmente como lo hicieron los buitres que tienen deuda defaulteada.  

Además, en estos nuevos bonos se incorporará la definición de “pari passu” que fijó la Argentina en el seno de las Naciones Unidas, diametralmente diferente a la interpretación arbitraria que dispuso el juez Thomas Griesa en el caso de los holdouts. 

El oficialismo esperaba reunir esta madrugada entre 140 y 160 votos provenientes de Cambiemos, del bloque Justicialista escindido del kirchnerismo, del massismo y de sus socios en el interbloque UNA (entre ellos el delasotismo), del socialismo, del GEN y de otras facciones del peronismo dialoguista como las que expresan los diputados de San Luis o los bonaerenses liderados por Darío Giustozzi. 

El Frente para la Victoria (FpV) se aprestaba a rechazar el proyecto de ley, al igual que el Frente de Izquierda y de Libres del Sur. Sin embargo, la noticia de que el cordobés Ernesto Ramón Bernabey decidió abrirse de la bancada K y votar a favor de la norma enviada por Mauricio Macri despertó las sospechas de que algunos otros legisladores del bloque de Héctor Recalde podrían romper con la disciplina. La presión de los gobernadores del PJ seguía anoche muy fuerte. 

La sesión comenzó ayer a las 12.25 cuando Cambiemos y sus aliados consiguieron con facilidad el quórum. Reunieron 147 presentes, 18 más de los necesarios. Los legisladores K se sentaron en sus bancas una vez que el presidente del cuerpo, Emilio Monzó, dio por iniciada la sesión. 

El oficialismo tuvo una rápida confirmación de que sus pronósticos optimistas estaban bien encaminados. Al principio de la sesión, el kirchnerista Recalde mocionó que se pasara a un cuarto intermedio a fin de que primero la ciudadanía, en una consulta popular, defina qué hacer con la deuda externa. Pero Cambiemos, el peronismo no K y la centro-izquierda rechazó la idea del FpV por 165 votos, contra 84 afirmativos, un resultado que envalentonó los ánimos oficialistas. 

Los miembros informantes fueron el macrista Luciano Laspina, quien defendió el proyecto del oficialismo; los kirchneristas Axel Kicillof y Carlos Heller, y el trotskista Néstor Pitrola. 

Por la tarde, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pasó unos minutos por Diputados para “transmitir el apoyo político del Ejecutivo” a las espadas del oficialismo. Frigerio supervisó las negociaciones que en un despacho llevaban adelante los legisladores del Pro Laspina y Nicolás Massot con los peronistas no K Marcos Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Justicialista).

También estuvieron trabajando en la letra fina de la media sanción el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y su principal asesor jurídico, Eugenio Bruno, más el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. 

La única disonancia se produjo con Bossio, que avisó que su bloque se abstendría en el artículo 3º que ratifica los acuerdos con los holdouts por las potestades que se le da a Economía a reformularlos. 

Los cambios que se pactaban iban a ser introducidos en la votación del articulado. Al cierre de esta edición eran al menos cinco. En la autorización a emitir deuda se introdujo un tope de 12.500 millones de dólares, más la condición de que si parte de este dinero sobrase este aval debería descontarse del endeudamiento que en más de 500 mil millones de pesos se autorizó en el Presupuesto 2016.

A ello se aceptó dotar de más potestades a una nueva comisión bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, que recibirá cada tres meses informes detallados del Ejecutivo. 

Otro cambio consensuado fue fijar en 0,2% la comisión que cobrarán los bancos colocadores de los bonos, sobre el total de la deuda emitida. 

Mucho esfuerzo demandó la redacción del artículo 5º del proyecto original, que pasaría a ser el segundo, por el cual se buscaba condicionar la ratificación de los acuerdos con los holdouts y el pago de los mismos a que primero la Justicia de Estados Unidos levante todos los embargos (órdenes Pari-Passu) que pesan sobre la Argentina y que impiden al país pagarles a los tenedores de los bonos de la deuda reestructurada en los canjes 2005 y 2010. 

El empeño por disipar más litigiosidad estuvo en el centro de las negociaciones. El viernes pasado, una Corte de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso el compromiso del juez Griesa de levantar todos los embargos, lo que azuzó los fantasmas de la oposición. Ayer, el magistrado ratificó su compromiso con un nuevo fallo que consideró de interés público el acuerdo firmado por Argentina en su tribunal. 

Por último, se puso mayor énfasis en establecer que los holdouts que firmen con la Nación deberán desistir de futuras demandas. 

Cruce “local” entre Carmona y Giménez

Dos diputados mendocinos alzaron su voz en el recinto para expresarse sobre el pago a los holdouts. Ambos dieron visiones totalmente diferentes sobre el manejo de las finanzas de la provincia. 

El kirchnerista Guillermo Carmona fue el tercer hombre del Frente para la Victoria en hacer uso de la palabra. Carmona se mostró muy crítico del uso que hará el macrismo del nuevo endeudamiento.

“Este gobierno tiene un proyecto que es del Consenso de Washington. El proyecto del oficialismo no es el desarrollismo, es el destructivismo. Llevamos casi cien días de gobierno y sólo vemos que hay vocación de destruir lo conseguido”, señaló. 

Pero, a renglón seguido, Carmona advirtió que el gobernador Alfredo Cornejo está saliendo al mercado de crédito en busca de financiamiento para pagar gastos corrientes. “Para eso quieren la deuda, no para infraestructura”, manifestó. 

La radical Patricia Giménez salió al cruce. “Los diputados del Frente para la Victoria de Mendoza no levantaban la voz cuando el ex gobernador Francisco Pérez hacía estragos con las finanzas mendocinas”, bramó. Según la vicepresidenta segunda de la Cámara baja, Pérez dejó 12 mil millones de pesos de deuda (2.300 millones con el Banco Nación). 

Para la legisladora oficialista, “la ciudadanía debe entender por qué Argentina debe salir del default. Tenemos un Estado que ha sido declarado en desacato”, explicó. Además, recordó que Cristina Kirchner inició en 2011 un nuevo ciclo de endeudamiento.