El macrismo, que ya descuenta que la propuesta será aprobada el martes en Diputados, avalará la toma de deuda en el extranjero, lo que ayudará a las provincias a aliviar sus finanzas y a recomponer las economías regionales. Necesita los votos porque Cambiemos es amplía minoría en la cámara alta

Gobierno enfrentará un test decisivo en el Congreso, donde deberá lograr la aprobación del acuerdo con los fondos buitre, un pacto del que dependerá gran parte de su poder político. 
Los funcionarios consideran que la pulseada en Diputados está prácticamente ganada. 
El problema está en el Senado, donde sus adversarios del Frente para la Victoria cuentan con amplia mayoría.
Un resultado negativo en la cámara alta podría minar completamente la negociación con los holdouts, que volvería a foja cero. 
Esto sería crítico para el macrismo, dado que no sólo se vería amenazada la llegada de dólares, a través de financiamiento internacional e inversiones, sino que también se pondría en riesgo todo el plan económico. 
El primer paso se dará el martes, cuando el proyecto se trate en la cámara baja. El titular de la bancada del PRO, Nicolás Massot, estimó que no habrá inconvenientes para garantizar el quórum y consideró que contarán con el acompañamiento de 145 diputados. 
Los legisladores massistas y los del Bloque Justicialista de Diego Bossio apoyarían la propuesta luego de los cambios que –a principios de semana y tras largos debates- le introdujo el macrismo al proyecto original.
Si Diputados aprueba la iniciativa -algo que da por descontado el oficialismo-, entonces sí arrancaría el verdadero "partido": el miércoles ya comenzarían a reunirse los senadores de las comisiones que deben analizarla.
En el seno del Gobierno había una creciente confianza de que podían llegar con los votos.
El problema fue que, al mismo tiempo que los funcionarios nacionales dialogaban con los mandatarios provinciales, prometiéndoles avalar cualquier búsqueda de financiamiento en el exterior, se dio a conocer una mala noticia que podría alterar los planes del macrismo. 
Es que el FpV se quedó con la presidencia de las comisiones más relevantes para analizar estos acuerdos, como la de Presupuesto y Hacienda, cuyo titular será el ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Abal Medina.
No sólo eso: dicha comisión tendrá además una mayoría de miembros del FpV (9 sobre 17).  
Quienes pueden ganar un lugar preponderante durante las reuniones previas al recinto son los gobernadores.
La mayoría son peronistas que durante años estuvieron identificados con la administración de Cristina Kichner. Sin embargo, tienen un talón de Aquiles a la hora de sostener el discurso K: están necesitados de financiamiento externo que les permita aliviar sus cuentas en rojo.
Como contrapartida, Cambiemos y sus aliados sólo gobiernan 6 de las 24 provincias. 

En la cámara de Senadores, a diferencia de Diputados, no tiene relevancia la distribución poblacional de los distritos, ya que cada jurisdicción cuenta con tres senadores (dos por el partido más votado y uno por quien lo sigue).
Además, en provincias como la de Buenos Aires, gobernada por la macrista María Eugenia Vidal, dos de los senadores (electos en el 2011) corresponden al FpV. El partido impulsado por Cristina Kirchner, en tanto, cuenta con 40 de los 72 legisladores.
Un punto central es que varios de los mandatarios provinciales se expresaron públicamente a favor del acuerdo y -en función de sus necesidades de caja- comenzaron a negociar de manera independiente. 
De los 40 senadores de la bancada del FpV, los cristinistas apenas llegan a la decena. La mayoría de ellos se presentan como peronistas relacionados directamente con sus gobernadores.
Por fuera de ellos, hay otro grupo de peronistas que trata de consensuar con el Gobierno y que tuvieron una mala relación con el kirchnerismo.
Son los puntanos que responden a Alberto Rodríguez Saá, los pampeanos de Carlos Verna, los representantes de Chubut (Mario Das Neves) y de Córdoba, de Juan Schiaretti. Incluso, se cuenta en este grupo al ex mandatario santafesino Carlos Reutemann. 
Cambiemos necesita sí o sí del acompañamiento de estos legisladores, ya que con sus aliados apenas llega a 16 (8 corresponden a la UCR, 6 al PRO, uno a la Coalición Cívica y otro al GEN).
Gobernadores del FPV que apoyan
A la postura más conocida y previsible del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien se mostró como el mandatario opositor más cercano a la Casa Rosada, se sumaron en los últimos días el entrerriano Gustavo Bordet, el tucumano Juan Manzur y el chaqueño Domingo Peppo. 
El oficialismo también cuenta desde hace casi un mes con el apoyo de la fueguina Rosana Bertone, quien acompañó recientemente al presidente Mauricio Macri durante su visita al Papa Francisco en Roma. 
Esto no hizo más que incrementar las fuertes tensiones en el FPV, que se encuentra dividido entre los gobernadores peronistas, urgidos de fondos, y el "cristinismo".
Un punto a favor del Gobierno es que el titular del bloque, Miguel Pichetto, se muestra en una postura dialoguista.
Maneja un cuerpo de 40 legisladores propios, en el que están incluidos tanto peronistas clásicos como kirchneristas. 
El otro punto importante es que los senadores alineados con Cristina Kirchner –que ya se manifestaron en contra del acuerdo, como la mendocina Anabel Fernández Sagasti- son minoría.
Uno de los que le dio un sinsabor a Cambiemos hace pocos días fue el gobernador de Entre Ríos, que le pidió a sus diputados en el Congreso nacional que den quórum para el debate, pero luego se alineó a la postura del FpV en la cámara baja: se presentarán a discutir en el recinto una vez que el oficialismo haya reunido los 129 legisladores para iniciar la sesión.
En ese sentido, sostuvo que "hay que generar el debate”, y aunque remarcó la importancia del "acceso al crédito internacional para las provincias", señaló que hay que "interpretar la viabilidad que tenemos en los gobiernos no solo de las provincias sino también de los municipios".
Más firme en su apoyo al acuerdo que propicia el macrismo, Urtubey afirmó que "la Argentina tiene que resolver cuestiones estructurales. Que hoy estemos discutiendo el 15% de coparticipación no tiene absolutamente nada que ver con el apoyo que, a mi juicio, tenemos que darle al Gobierno en la negociación con los holdouts para que al país le vaya bien". 
En tanto, la fueguina Bertone se mostró abiertamente interesada en alcanzar una rápida solución con los holdouts porque su provincia necesita financiamiento para infraestructura.
Unidad hacia afuera
En enero, el bloque de senadores del Frente para la Victoria quedó al borde de la ruptura luego de que tres legisladores negaran haber firmado un comunicado en el que algunos de sus colegas desautorizaban al presidente de la bancada, Miguel Ángel Pichetto.
El comunicado de ese grupo de senadores -la mayoría de ellos de La Cámpora y del núcleo duro del kirchnerismo-, afirmaba que el oficialismo “no consultó al bloque FpV” sobre el primer “despido masivo” de trabajadores del Senado.
Dicho comunicado fue motorizado por la senadora nacional por Santa Cruz, María Ester Labado, identificada en el bloque como una de las más leales a la expresidenta Cristina Kirchner.
Junto a ella firmaron la chaqueña María Pilatti Vergara, las santacruceñas Labado y Virginia García, la correntina Ana Almirón, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el neuquino Marcelo Fuentes, el sanjuanino Ruperto Godoy, la entrerriana Sigrid Kunath, el puntano Daniel Pérsico, la santafesina María de los Angeles Sacnum, y las riojanas Hilda Aguirre y Teresita Luna. 
Esa división era esperada por los representantes de la cámara alta, desde que en diciembre diputados y senadores de La Cámpora ocuparon casi todos lugares asignados al FpV en la Comisión Bicameral encargada de determinar la validez de los DNU.
Ahora, habrá que ver qué postura toman la entrerriana Kunath -si obedece el pedido de Gustavo Bordet- y las riojanas Aguirre y Luna, ya que el Gobierno está tratando de convencer al gobernador de esta provincia, Sergio Casas, de que lo acompañe con el voto en la sesión para aprobar el acuerdo con los holdouts.
Lo mismo ocurre con el sanjuanino Godoy, cuyo mandatario provincial, Sergio Uñac, también comenzó a mostrarse más dialoguista con el macrismo.
Correcciones al plan original
El Gobierno nacional tenía la intención que el monto de deuda a emitir para cerrar el conflicto con los holdouts terminara siendo cercano a los u$s15.000 millones, básicamente porque el 15% de los fondos todavía no arregló.
Sin embargo, los diputados de la oposición introdujeron cambios en el proyecto, bajando las comisiones a pagar y el monto máximo a emitir, por lo que muy probablemente el macrismo deberá conformarse con emitir “sólo” u$s12.000 millones, es decir u$s3.000 millones menos de lo originalmente pretendido, explicaron desde Economía & Regiones. 
En este contexto, el massismo planteó otras tres exigencias para apoyar la iniciativa en el Congreso: 

1. La inclusión de una serie de correcciones legales, así como los argumentos de los dictámenes de los abogados del equipo argentino en Nueva York para cubrir al país frente a eventuales juicios.

2. La incorporación de una cláusula que exija al juez norteamericano Thomas Griesa que habilite un stay de cinco años para dejar abierta la oferta argentina ante la posibilidad de nuevas demandas.

3. Un compromiso formal del Gobierno para que cualquier futuro endeudamiento sea destinado sólo a proyectos de desarrollo o infraestructura y no al pago de gastos corrientes.

Para los analistas de E&R, para el Gobierno tener éxito en el Congreso será vital para el plan económico porque al salir del default se podrá volver a colocar deuda en los mercados financieros internacionales, lo cual "permitirá financiar el déficit fiscal con menos emisión monetaria, sentando las bases para que disminuya la inflación".

Además, destacaron que cerrar este capítulo tendrá un impacto positivo en el costo de financiamiento de las
empresas argentinas. 

"En este marco, están surgiendo bancos que no financiaban operaciones comerciales con otros países y que ahora están empezando a hacerlo. Incluso, entidades extranjeras están planeando financiar importaciones y exportaciones", detallaron. 

Adicionalmente, aseguraron que habrá un "impacto positivo sobre las familias, porque arreglar con los holdouts será como salir del Veraz, lo que equivale a dejar de tomar crédito en la cueva (que cobra muchos
intereses) y pasar a hacerlo en el sistema formal (más barato). Es decir, dejar atrás el default debería significar más volumen y menor costo de financiamiento para la gente". 

Además, aseguraron que el Gobierno -en caso de salir del default- podrá optar por una política gradualista en el aumento de tarifas, "amortiguando así su impacto negativo en el poder adquisitivo".