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ECONOMIA

16 de marzo de 2016

Senado: Prat Gay expone en el el acuerdo junto al procurador del Tesoro

Luego de la media sanción obtenida en Diputados, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas encabeza la primera de una serie de reuniones que se llevarán a cabo en la Cámara alta para debatir el proyecto.


Luego de la media sanción obtenida en Diputados, el ministro de El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, arrancó en el Senado el debate por el proyecto de acuerdo con los holdouts, impulsado por el Gobierno nacional para tomar deuda y así terminar con un litigio con bonistas que lleva 15 años.

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay expone ayer en la Comisión de Presupuesto del Senado. Foto: DYN

El funcionario expone junto al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, ante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión desde las 16:08, en el Salón Azul.

La iniciativa fue aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados, durante una sesión maratónica, donde encontró 165 votos a favor y 86 en contra. El oficialismo prevé que los senadores puedan tratar el proyecto en el recinto el miércoles 30 de marzo.

La ley, que cuenta con media sanción, busca avanzar en el pago a los bonistas con la derogación de la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano, ambas sancionadas durante el kirchnerismo.

A pedido del Partido Justicialista y el Frente Renovador, el proyecto incluyó un tope de endeudamiento de 12 mil 500 millones de dólares -la cifra estimada que se necesitará para cumplir con el pago es de 11.684 millones-.

También se incorporó que todos los bonistas que firmen y cobren no puedan litigar más contra la Argentina, sumado a la obligación de que los nuevos bonos sean emitidos con las cláusulas de acción colectiva para cubrir al país frente a posibles demandas.

Además, las comisiones que cobran los bancos no podrán superar el 0,20 por ciento del monto de la emisión de bonos y la evolución de las negociaciones con los bonistas seguirá siendo monitoreada por una comisión bicameral del Congreso.

A diferencia de lo sucedido en Diputados, el oficialismo aspira a contar con el apoyo del Frente para la Victoria en el Senado, bloque sin el cual la ley no saldría.

El tratamiento de la iniciativa continuará este jueves con la participación de gobernadores, el viernes será el turno de los representantes industriales, sindicalistas y la CGT; mientras que el próximo lunes 21 completarán las exposiciones los especialistas en economía.

La exposición

En primer lugar, el funcionario dijo que la iniciativa “trata de normalizar de forma definitiva la cesación de pagos en la que entró el país en el 2001” y “ponerle fin a estos casi 15 años de default que nos han costado, sobretodo, millones de puestos trabajo”.

“Mientras no estemos en orden con las distintas jurisdicciones en las que emitimos bonos estamos aislados del crédito internacional, y no hay país, no hay empresa, que pueda desarrollarse sin acceso al crédito”, agregó el ministro.

Prat Gay aseguró que el proyecto del Poder Ejecutivo “tiene por objetivo poner a Argentina de nuevo en el sendero del crecimiento”. Y aclaró que el default “no afecta sólo a Argentina, a las fuerzas de producción de nuestro país y a las familias, sino que también tiene un impacto regional”.

Luego, enfatizó en que el debate por el acuerdo con los fondos buitre “debe ser tratado como una política de Estado” y que lo que se está tratando de resolver “atravesó muchos gobiernos y signos políticos”.

“Esta es una cuestión que Argentina arrastra hace muchos años y es bueno que la resolvamos”, insistió. Además, expresó que “no es algo que se le ocurrió al nuevo Gobierno”.

Prat Gay explicó que al momento del canje de 2005 “ya existían 42 juicios en contra de Argentina”. Prat Gay detalló que el capital original de valores del 2001 era de 6.006 millones de dólares, de los cuales más de la mitad son los que están en litigio en la sede judicial de New York.

“Este capital original de la Argentina se transformó después, a través de los litigios y los fallos, en un monto de 18.995 millones de dólares. Se multiplicó por tres 



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