El magistrado Gilmar Mendes, uno de los once miembros del Tribunal Supremo de Brasil, suspendió este viernes de forma cautelar el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia y le negó el fuero privilegiado que otorga el cargo, informaron fuentes judiciales.

El magistrado aceptó una petición del opositor Partido Popular Socialista (PPS) para dejar sin efecto el nombramiento de Lula como miembro del Gabinete de su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, con el argumento de que sólo pretende blindar al exmandatario ante las investigaciones que afronta por presunta corrupción.

En la misma orden, Mendes decidió que todos los procesos contra Lula por presunto lavado de dinero y falsificación sigan en manos del juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de Curitiba y responsable de la investigación por las corruptelas en Petrobras.

Sergio Moro, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil, ya había ordenado el traslado de todos los procesos contra el exjefe de Estado al Tribunal Supremo, la máxima corte del país, debido a que su condición de ministro le concedía fuero privilegiado.

En su decisión, el magistrado alegó que el nombramiento tuvo "claramente" el objetivo de obstruir la Justicia.

"La Presidencia le emitió una especie de salvoconducto" para "impedir el cumplimiento de una orden de detención de un juez de primera instancia", señala el juez del Supremo.

La decisión de Mendes, por ser miembro del Supremo Tribunal Federal, se impone a todas las sentencias de jueces de primera y segunda instancia sobre el asunto y tan solo puede ser revisada por el pleno de la máxima corte, a la que el Gobierno tendrá que presentar un recurso.

Sin previsión de cuándo volverá a reunirse el pleno del Supremo, el nombramiento de Lula permanecerá en suspenso por tiempo indeterminado.

El Tribunal Supremo recibió hasta ahora trece recursos contra la designación del exmandatario como ministro, y Mendes, que había sido seleccionado para pronunciarse sobre la mayoría de esas demandas, tan sólo analizó la primera.

El magistrado ya había advertido en declaraciones a periodistas de que el nombramiento de Lula podía ser suspendido si se comprobaba que su objetivo era obstruir la acción de la Justicia.

Dijo igualmente que, en caso de que se compruebe que tal fue la intención de Rousseff al hacer el nombramiento, la jefa de Estado puede ser acusada de delito de responsabilidad, que justifica la apertura de un juicio político en el Congreso con fines de destitución.

Mendes hizo estas declaraciones al ser preguntado sobre el contenido de una conversación telefónica entre Rousseff y Lula, grabada por orden judicial y divulgada por el juez Moro, en la que se sugiere que la jefa de Estado envió a su padrino político el decreto del nombramiento para que lo usase en caso de que algún juez ordenase su detención preventiva.

"Si se concluye que se trata de una medida para obstruir la Justicia, con certeza puede ser tipificado como delito de responsabilidad", dijo entonces el magistrado.

Antes de Mendes, tres jueces federales de Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo habían anulado igualmente de forma cautelar el nombramiento de Lula, aunque las decisiones de los dos primeros fueron derribadas en tribunales de segunda instancia.

El Gobierno alega que su designación como ministro responde a la necesidad de reforzar la acción del Ejecutivo frente a las crisis política y económica que enfrenta el país, pero la oposición afirma que se trata de una maniobra para evitar sentar al expresidente en el banquillo por presunta corrupción.