El proyecto, que también deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y autoriza la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares para cerrar el litigio con los fondos buitre, fue apoyado por el oficialismo de Cambiemos, el peronismo disidente y un sector del Frente para la Victoria.

El plenario dio lugar a la última ronda de expositores que se expresaron sobre el acuerdo que promueve el Gobierno con los buitres. 

El primero en exponer ante el plenario que preside el senador nacional del Frente para la Victoria, Juan Manuel Abal Medina, fue Juan José Cruces, economista director del Centro de Investigación en Finanzas, quien se mostró a favor del acuerdo al señalar que Argentina tiene "una economía estancada hace muchos años", y remarcó que "resolviendo este problema vamos a poder ir adelante".

"El problema de los fondos buitre pone cepo a la capacidad de conseguir inversiones con acreedores", acotó, en tanto otro economista, Ramiro Castiñeria, opinó que el acuerdo "no es tan caro como se piensa" y se trata de "una oportunidad que tenemos para sopesar el contexto internacional que es muy conflictivo en este momento, y para volver a la senda del crecimiento".

Sebastián Soler, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo y experto en derecho financiero, manifestó su preocupación por "el riesgo de que haya nuevos juicios, que se termine pagándole los honorarios a los abogados de Paul Singer y por las implicaciones si se le da sanción a este proyecto antes de que la Cámara de Apelaciones dé las certezas que este acuerdo amerita".

Por su parte, Mario Rapoport, también economista, puso reparos al entendimiento al asegurar que no garantiza que vaya a haber inversiones, mientras que su colega Daniel Artana consideró que "a nadie en Argentina le gusta el accionar de los fondos buitre", pero advirtió que "teniendo en cuenta lo que se vence y el costo de lo que se vence, no hay más remedio que taparse la nariz y pagar".

Adrián Asiain, otro economista, admitió sobre "la posibilidad real de que se desaten nuevos juicios" y cuestionó que se firme un acuerdo "si no están sobre la mesa los proyectos de inversión para los que se va a usar el crédito externo", en tanto que Martín Guzmán consideró que la "existencia de buitres es nefasta para el funcionamiento de la arquitectura internacional", y evaluó que "tantos los beneficios como los costos (del acuerdo) son ciertos".

Guzmán explicó que "si se implementa bien el acuerdo sería conveniente para el país", y añadió que "si hay elementos para disminuir los costos hay que cuidarlos".