"Los Estados Unidos tienen especial interés de política exterior en apoyar a la nueva administración de la Argentina en sus esfuerzos por revertir políticas económicas anteriores, para normalizar la relación de Argentina con sus acreedores, y fortalecer su economía. Si no se anula el pari passu esto tendría serias consecuencias para la economía argentina y para los intereses de Estados Unidos en la región en general", sostiene la presentación que lleva la firma de Preet Bharara, en su condición de fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y abogado de los Estados Unidos como Amicus Curiae.

La figura Amicus Curiae -que literalmente significa amigos del tribunal- comprende a presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial -pero con un justificado interés en la resolución final del litigio-, a fin de expresar sus opiniones en torno a la materia, a través de aportes de trascendencia para la sustentación del proceso judicial.

El gobierno de los Estados Unidos se presentó ante la Corte Suprema de ese país como 'amicus curiae' de la Argentina en el juicio que iniciaron los fondos buitres, un paso que los abogados argentinos necesitaban para tratar de revertir la situación.

Este es el segundo amicus curiae que el gobierno de Barack Obama presenta en el litigio que Argentina mantiene con los fondos buitre. El primero fue elevado en marzo de 2014 ante la Corte Suprema de Justicia de EEUU.

En esa oportunidad, el gobierno estadounidense manifestó tener un "un interés sustancial en la correcta interpretación y aplicación" de la Ley de Inmunidad Soberana y en el tratamiento que se le da a los Estados extranjeros en las cortes locales, ante el planteo formulado por Argentina respecto a la interpretación de los tribunales de Nueva York sobre la cláusula pari passu.

Más allá de esta presentación, lo concreto fue que la Corte Suprema desistió tratar la apelación presentada por Argentina en contra del fallo inicial dispuesto por el juez Thomas Griesa y que ya contaba con el aval de un tribunal de segunda instancia, con lo que la decisión quedó firme.

En nuevo amicus se conoció hoy en medio de la visita que realiza el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la Argentina, en compañía de su familia.

En la presentación realizada por el gobierno estadounidense pesó con fuerza el nuevo vínculo que buscan forzar ambos mandatarios y los pasos en firme dados en los últimos meses por la administración Macri en las negociaciones encaradas en el marco de la medición que encabeza el abogado Daniel Pollack con los holdouts.

En las primeras semanas de marzo estas conversaciones permitieron coronar un acuerdo con los fondos buitre más díscolos, encabezados por NML y Aurelius.

Tras la confirmación de este acuerdo, el subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Nathan Sheets, le transmitió al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, el beneplácito de la administración Obama y el apoyo a "los esfuerzos en curso para asegurar una aprobación legislativa".

Ahora, tras la media sanción dada por la Cámara de Diputados al proyecto de normalización de deuda, y el dictamen positivo obtenido en un plenario de comisiones del Senado, surge este nuevo espaldarazo a través de un amicus en el que afirman que "desde la asunción del presidente Macri en diciembre de 2015, Argentina ha dado pasos significativos para normalizar sus relaciones con los acreedores, incluyendo a los bonistas demandantes, resultando en un acuerdo que, según la corte distrital, resolvería cerca de 85% de los reclamos".

Esta presentación se concretó dos días después que el gobierno argentino elevará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York un pedido destinado a ratificar la orden del juez Griesa que permite el levantamiento de las medidas cautelares para poder cerrar el acuerdo con los holdouts, en la que estipula como condición previa la derogación de las leyes de Pago Soberano y Cerrojo, y la efectivización del pago acordado con los holdouts.

El principal argumento del escrito es que las condiciones que dieron lugar a la restricción para que Argentina les pague a sus bonistas cambiaron sustancialmente durante los últimos meses, a partir de la decisión del país de volver a la mesa de negociación "de buena fe" y por lo tanto, "mantener la cautelar no sólo es innecesario, sino también contraproducente".

A renglón seguido advirtieron que, de seguir vigente las cautelares -como solicitan algunos fondos buitre y otros tenedores- Argentina no podrá acceder a los mercados de capitales para contar con el dinero necesario para pagar en tiempo y forma a los demandantes.