Seguidores y opositores de la mandataria izquierdista se reunieron en la capital brasileña antes de la decisión sobre el juicio político, que podría ser sometida a votación ante el pleno de la Cámara baja del Congreso brasileño el domingo.

Para evitar enfrentamientos, la policía levantó una valla metálica en la mitad de la explanada de césped frente al Congreso a fin de separar a los manifestantes rivales. La batalla por la impugnación a Rousseff ha polarizado a la nación de 200 millones de habitantes y generó un virtual estancamiento del Gobierno de la mayor economía de América Latina.

Asesores presidenciales dijeron que se espera que una mayoría de los 65 miembros de la comisión recomiende que Rousseff, la primera presidenta de Brasil, sea sometida a un juicio político acusada de manipular las cuentas presupuestarias para impulsar sus perspectivas de reelección en 2014.

El Gobierno está enfocado en convencer a los legisladores de que voten contra el proceso o se abstengan el domingo ofreciéndoles puestos gubernamentales que quedaron vacantes cuando el principal aliado de Rousseff, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), rompió con la presidenta hace dos semanas.

"Hay indicios suficientes para proceder con el juicio político", afirmó el congresista Jovair Arantes, relator de la comisión, en la sesión de apertura el lunes. Arantes dijo en su reporte oficial el viernes que hay razones constitucionales para proceder contra Rousseff.

El representante de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo, dijo ante la agitada comisión que Arantes no fue capaz de señalar ningún delito cometido por Rousseff y que la iniciativa es inconstitucional. "Es absurdo sacar a una presidenta legítimamente electa por un problema de contabilidad", afirmó.

Un sondeo publicado el viernes por la consultora con sede en Brasilia ARKO Advice halló que 33 de los 65 integrantes de la comisión votarán a favor del juicio político, 22 en contra y 10 están indecisos.

El margen de victoria será importante para definir a los legisladores indecisos en la votación de la Cámara baja, donde recientes encuestas indicaron que ninguna de las partes tiene garantizado el apoyo necesario.