La herencia recibida por el nuevo gobierno nacional en términos sociales es preocupante. Hasta el segundo semestre de 2015 (última información disponible) la pobreza y la indigencia, medidas en términos monetarios alcanzaban al 28% (12,2 millones de personas) y al 5,9% (2,4 millones de personas) de la población respectivamente.

Tal como indica Fundación Mediterránea en un informe reciente, esta situación se habría visto agravada en los últimos meses debido a la aceleración del proceso inflacionario ocasionada por los necesarios ajustes de precios relativos realizados en diferentes sectores de la economía. La actual administración parece decidida a emprender una serie de medidas con el objetivo de amortiguar el deterioro de los ingresos de los sectores más vulnerables de la población.

Una de estas iniciativas fue anunciada por el presidente Mauricio Macri en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación: el envío de un proyecto de ley cuyo contenido consiste en la devolución de parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en los productos de la Canasta Básica Alimentaria medida por el INDEC a los jubilados y pensionados y beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.

Con el objetivo de estimar el impacto social y fiscal que esta política traería aparejado se realizó una simulación de la misma con las restricciones propias de la información disponible. En este sentido, se consideró como escenario inicial al compuesto por las tasas de pobreza e indigencia estimadas en base los últimos datos ofrecidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo semestre del 2015.

Debido a que aún no se conocen los detalles del proyecto se estableció como supuesto una rebaja de 15 puntos porcentuales para aquellos productos afectados por una alícuota del 21% y una total para los bienes alcanzados por una alícuota del 10,5%.

Posteriormente, se estimó el peso total del impuesto sobre el total de la CBA y se calcularon nuevamente las tasas de pobreza e indigencia con el reintegro correspondiente incluido para los grupos beneficiados.

Los resultados de la simulación indican que la pobreza se reduciría en un 1,1 puntos porcentuales (481 mil personas) y la indigencia en 1,4 puntos porcentuales (355 mil personas).

Según sostiene el informe, los niños (menores de 18 años) son los más beneficiados por la medida: la tasa de indigencia entre los mismos pasaría de un 8,5% al 7,4% (lo que significa que 180 mil infantes superarían esta condición). En cuanto a la pobreza infantil, la misma presentaría una disminución del 1,7 puntos porcentuales (es decir, 183 mil niños).

Esta importante reducción permite pensar en la Asignación Universal por Hijo como una eficiente vía de entrada al programa para los niños. Además, es importante destacar que este rango etario sea el más favorecido ya que el mismo representa al 43% de la población en condiciones de pobreza (y al 48% de los afectados por la indigencia).

También los jóvenes resultan favorecidos por la implementación del reintegro ya que la tasa de pobreza entre los mismos presentaría un descenso de 1,4 puntos porcentuales y la de indigencia de 1 punto porcentual (46 mil y 63 mil jóvenes respectivamente).

El impacto es más reducido entre los demás grupos poblacionales. La reducción de la pobreza y la indigencia sería de 1,1 puntos porcentuales y de 0,6 puntos porcentuales entre los adultos en edad laboral. De todas maneras, el resultado es importante en términos absolutos ya que 197 mil personas superarían la primera condición y 118 mil la segunda.

Con respecto a los adultos en edad jubilatoria, la disminución en la tasa de pobreza sería de apenas un 0,7 puntos porcentuales (37 mil personas) y de 0,1 puntos porcentuales en la de indigencia (unas 10 mil personas).

"En conclusión, la política parece estar correctamente focalizada ya que produce un mayor impacto a medida que los diferentes segmentos etarios presentan condiciones de pobreza e indigencia son más agudas (niños y jóvenes)", dice Fundación Mediterránea.

Posiblemente, la inclusión de los beneficiarios de la AUH y el plan Progresar en el programa de reintegros tenga que ver con la eficiencia de la medida. Una cuestión relevante a considerar es el costo fiscal que la implementación de esta política traería aparejado para el Estado y la población en general.

La estimación del mismo indica que deberían reintegrarse $19.991 millones al total de beneficiarios. Esta cifra representa el 4,6% de la recaudación total en concepto de IVA alcanzada en el año 2015. Por lo tanto, puede considerarse que el sacrificio en términos fiscales no es demasiado elevado.

Por último, señala que a pesar del alivio que esta política tendría para los sectores más vulnerables de la población en términos de ingresos, esta no constituye más que un paliativo a corto plazo para la protección de estos grupos.

"El verdadero combate contra la pobreza debe darse a través de la reducción de la informalidad laboral, la generación de empleos decentes y una educación de calidad que permita a los más pobres atender con eficacia a las demandas que presenta el mercado laboral", concluye el documento.