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ECONOMIA Y POLITICA

2 de mayo de 2016

Los K ahora quieren frenar el pago del dólar futuro

Pese a haber sido vendido en su gobierno, diputados del FpV hicieron esa presentación ante la Justicia. También reclaman embargar de bienes a personas que se beneficiaron con el cobro “ilegítimo” de los contratos.

Apenas un par de meses de impulsar su venta en el mercado, desde el kirchnerismo pidieron a la Justicia que ordene al Banco Central la suspensión del pago de los contratos del “dólar futuro”.

Así lo hicieron los diputados nacionales del Frente para la Victoria en una ampliación de denuncia presentada hoy ante el juzgado de Sergio Torres, quien se encuentra a cargo de la investigación iniciada por impulso del fiscal Jorge Di Lello, merced a la presentación de esos legisladores contra el juez federal Claudio Bonadio y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger.

También, los legisladores -encabezados por el titular del bloque, Héctor Recalde- reclamaron “el embargo de bienes respecto de todas aquellas personas que se beneficiaron con el cobro ilegítimo de tales contratos después de que el actual gobierno dispusiera una devaluación de la moneda nacional de casi un 50 por ciento”.
 
En este sentido, los diputados kirchneristas advirtieron sobre “la gravedad institucional que significa que los mismos funcionarios del gobierno, ya sea desde el Banco Central, como su director Pablo Curat, o bien desde la Jefatura de Gabinete, como Mario Quintana, que dictaron las resoluciones para liberar el mercado de cambio y negociaron el precio del pago final de estos contratos sean las mismas personas que aparecen, según se ha publicado y no desmentido, comprando cifras millonarias en dólares por esta operatoria”.

El miércoles último, el juez federal Sergio Torres, a cargo de la investigación de la denuncia presentada por nueve diputados kirchneristas, rechazó un planteo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para constituirse en querellante en el marco de la causa en la que se investiga a Bonadio y Sturzenegger. 

Allí se los acusa de los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, prevaricato y estafa procesal.



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