La fuerte puja entre el oficialismo, el massismo y el kirchnerismo por la ley antidespidos, marcó el pulso de la sesión de la Cámara de Diputados que se inició ayer al mediodía y se preveía que finalice recién esta madrugada. 

Los diputados dieron media sanción a las leyes de acceso a la información pública y de devolución del IVA de los productos de la canasta básica de alimentos para los sectores más vulnerables, ambas impulsadas por la Casa Rosada. 

Este segundo proyecto establece que jubilados que cobran “la mínima”, pensionados y beneficiarios de las asignaciones por Hijo y por Embarazo, recibirán 300 pesos mensuales si usan la tarjeta de débito para comprar alimentos. 

Pero la atención estuvo centrada fundamentalmente en el debate de la emergencia ocupacional, un proyecto promovido por los gremios que tuvo un amplio acompañamiento del Senado hace tres semanas. Al cierre de esta edición, los legisladores discutían el proyecto pero las posiciones estaban cristalizadas. 

Para evitar que la norma regrese a la Cámara alta modificada, en Cambiemos persistía la decisión de abstenerse para permitir que triunfe el dictamen del Frente para la Victoria (FpV), que repite palabra por palabra la media sanción del Senado. 

Anticipando este desenlace, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió anoche que el presidente Mauricio Macri podría firmar hoy mismo el veto a la norma. 

Esto desató la bronca de Sergio Massa, quien denunció un pacto entre el macrismo y el kirchnerismo. “Nosotros no estamos en la ventajita chica de querer que salga el proyecto del FpV para que no salga el de Massa. Nosotros vamos a ir al recinto a defender nuestra propuesta que favorece a las 610 mil pymes”, sostuvo. 

Esta guerra de nervios por la ley antidespidos “contaminó” el debate del proyecto de devolución del IVA. Enojado, Massa intentó introducir cambios a esta norma para golpear al Ejecutivo.

Por ello, el Frente Renovador se sumó desde el recinto a una idea del peronista Diego Bossio: que los 29.000 millones de pesos anuales que implica la devolución del IVA a 8 millones de argentinos sean costeados únicamente por el Tesoro nacional, excluyendo de este modo a las provincias las cuales, según el dictamen del oficialismo, deben aportar casi la mitad del costo fiscal (unos 14.000 millones de pesos).

“Creemos que la Nación debe solventar esta medida, por lo menos hasta que termine de devolver el 15% de la coparticipación (en 2020)”, dijo el massista Marco Lavagna. 

Pero Cambiemos sí aceptó algunos cambios propuestos por el kirchnerista Axel Kicillof a fin de que los comercios mayoristas puedan ser destino de las compras que hagan los beneficiarios (en la iniciativa original eran sólo los minoristas) aunque se resistió a incorporar como beneficiarios a empleadas domésticas, monotributistas, estudiantes del programa Progresar y veteranos de guerra, sugeridos por toda la oposición. “Tienen insensibilidad social”, se enojó el massista Felipe Solá. “En 20 años jamás se trató la rebaja del IVA”, le respondió Elisa Carrió.

Primer paso para acceso a la información

La Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto de acceso a la información pública que envió el Ejecutivo y que obliga a los organismos de los tres poderes del Estado a brindar toda información solicitada por los ciudadanos.
La propuesta fue aprobada por 229 votos positivos, cuatro negativos, que correspondieron al Frente de Izquierda, y la abstención del kirchnerista Julio Solanas.
La solicitud de información deberá ser respondida “en un plazo no mayor de quince días hábiles” con la posibilidad de “prorrogar en forma excepcional por otros quince días hábiles”.