Será en buena medida guionada a excepción del debate por la productividad y el ausentismo, incluso por conflictos gremiales, que adelantó este diario y que causó rechazo unánime en el movimiento obrero. 

La décimotercera reunión anual consecutiva del ámbito de discusión tripartito arranco a la mañana en el Ministerio de Trabajo y terminará con un plenario a partir de las 16, en este caso en la Casa Rosada. Por primera vez fueron invitadas todas las expresiones gremiales, es decir las tres CGT, de Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo, y las dos de la CTA, de Hugo Yasky y Pablo Micheli, junto a las principales cámaras de la industria, el comercio, la construcción, las finanzas y el agro. 

Los ejes a negociar ya habían sido expuestos por el Ejecutivo y contaban, hasta ayer, con un grado de consenso entre los partícipes. Por caso, mientras el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, prevé encarrilar la suba del piso salarial en el rango del 30%, las centrales sindicales llevarán una posición de máxima de aumentarlo 40% para intentar un punto intermedio en 35%, es decir llevarlo a cerca de 8.200 pesos. 

Aunque los dirigentes gremiales advierten que la inflación de este año estará más cerca del 40% no tienen previsto forzar un ajuste equivalente del mínimo por dos razones: la obvia, una esperable negativa del empresariado y los funcionarios; la otra, no quedar expuestos a convalidar un aumento porcentual mayor al de sus propias paritarias. 

El salario mínimo alcanza a un universo pequeño de trabajadores, unos 200 mil que no están regidos por convenios colectivos de trabajo. De todos modos se calcula que el ajuste anual motoriza las eventuales negociaciones de trabajadores informales con sus empleadores con esa referencia, así como de monotributistas o cuentapropistas. 

La mayor novedad es que, por primera vez en una década, el Consejo dispondrá la actualización del subsidio por desempleo, estable en $ 400 desde 2006. Triaca se propone llevarlo a por lo menos 3.000 pesos y habilitar a quienes lo cobran la percepción en simultáneo, en caso de ser padres de menores de edad, de la Asignación Universal por Hijo. Se trata de presentar el subsidio como una herramienta de uso concreto para amortiguar la pérdida de miles de empleos en los primeros meses del año. 

Pero la controversia más dura se espera en una de las cuatro comisiones que funcionarán desde la mañana: la de Productividad, a cargo del secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor. Según la cartera laboral ese ámbito "fijará una agenda de trabajo centrada en la incorporación como herramienta de la negociación colectiva, de la discusión sobre los días no trabajados y el impacto en la seguridad y salud, para el mejoramiento de las condiciones de trabajo con foco en la disminución de los niveles de ausentismo".

Ya cuando este diario adelantó este criterio se multiplicaron las voces en CGT y CTA para objetarlo, por entender que el debate encubre la posible limitación del derecho de huelga. "Por supuesto no vamos a aceptar ningún límite en ese sentido", respondió ayer Yasky. El dirigente del seguro, Jorge Sola (de la CGT de Moyano), dijo que en caso de haber un intento oficial por imponer el tema los gremios "podrían exigir por su parte la inclusión del reparto de las ganancias empresarias". 

En tanto, el Gobierno había prometido a los gremialistas exhibir hoy su proyecto de ley de reforma de Ganancias para ser discutido este año en el Congreso, bajo la condición de que los eventuales cambios recién correrán para 2017. También esperan los funcionarios presentar su proyecto de ley de Primer Empleo y, eventualmente, lineamientos para una reforma previsional con la inclusión de una pensión universal a la vejez.