"Marcha atrás", "aplicando sintonía fina" son algunos de los adjetivos que resumen la reunión que mantuvieron los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, de Energía, Juan José Aranguren y de Turismo Gustavo Santos con los 12 con gobernadores patagónicos. En este encuentro el reclamo de los mandatarios hizo más eco en los oídos oficiales seguramente preocupados por el accionar de la Justicia que ya comenzó a interponer amparos como es el caso de la provincia de Buenos Aires.

Es que a medida que llegan las facturas comienzan los reclamos en todo el país y en este sentido este jueves el resto de los gobernadores van a plantear los problemas que provocaron los aumentos tarifarios a los ministros.

Se supone que luego el gobierno anunciaría una serie de medidas que contemplan desde situaciones individuales como sectoriales y de las Pymes. En concreto "el aumento tarifario en gas a jubilados y pensionados que cobren hasta 10 mil pesos, discapacitados, beneficiarios de planes sociales, empleadas domésticas y trabajadores que perciban salarios de hasta 12 mil pesos, además de una baja del porcentaje de aumento para las pymes y comercios", según confirmó el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, en dialogo a los medios.

Si bien parte estos sectores son alcanzados por la tarifa social no se descarta que se anuncie algún beneficio adicional. Como asimismo, que se contemple alguna medida en este mismo sentido por los aumentos en luz y agua.

El gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck, con la intención de no "anticipar" toda el anuncio oficial ratificó la medida al decir que: "Puedo decir que hemos avanzado muchísimo de lo que eran las semanas anteriores a lo que es esta reunión" y agregó "ha habido avances concretos y notorios sobre las personas que no van a ser alcanzadas por el incremento del gas, algunos aspectos que tienen que ver con las PyMEs, el comercio, las industrias" 

Seguramente el Gobierno accedió a rever la medida en coincidencia con la apreciación del gobernador rionegrino cuando sostuvo que "Más que las medidas cautelares, lo que impacta es la movilización de la gente, que creo que impacta tanto o más de lo que pueda llegar a hacer una medida judicial".

Si bien en la Casa Rosada en estricto off the record no dejaron de admitir que estas "idas y vueltas" es otro "traspié "del ministro de Energía, José Aranguren. Aunque, prefieren evitar criticar a la gestión de Aranguren ya que "goza del respaldo del presidente Mauricio Macri".

Es de suponer que el anuncio abarcará a otros sectores ya que, el ministro de Producción Francisco Cabrera este miércoles se reunió con los empresarios agrupados en la Confederación General Empresaria (CGERA) y les anticipó que luego de la reunión con los gobernadores "se realizarán anuncios ante los gobernadores para morigerar el impacto en las industrias con un sistema que llega a disminuciones de hasta el 50%".

Justamente los empresarios le manifestaron al ministro que: "Las tarifas de los servicios públicos han subido varias veces su valor, lo que sumado la baja de venta, la suba de los insumos y la limitación de los planes de pago de la AFIP les han quitado, a las empresas pequeñas y medianas, mucho de su capital de trabajo; llegando a poner en riesgo la continuidad de muchas de ellas". 

El ministro de la Producción les pidió que "para poder discriminar las tarifas es imprescindible poder dimensionar la estructura de costos de las empresas y esto no se puede hacer caso por caso, sino que hay que hacerlo por sectores; por ello, necesitamos que nos acerquen propuestas sobre cómo impacta en sectores que son electrointensivos o gasintensivos". 

Pero fue la presión de los gobernadores y la necesidad que tiene el Gobierno de contar con el apoyo de la oposición en el Parlamento lo que llevó a que se establezcan excepciones al "tarifazo".

"Es la política -agregó- la que tiene que resolver estos problemas. Ha estado congelado el precio del gas cuando el resto de la economía ha aumentado más del 700%. Esto era insostenible. Lo que estamos tratando de hacer es llegar a una solución en la cual definimos una política que incentive la inversión y la explotación del recurso que tenemos los argentinos, y tenemos que dejar de importar lo que tenemos en nuestro subsuelo, pero que además sea de una manera progresiva y que la gente esté en condiciones de poder pagarla".

La reunión se llevó a cabo en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, con la asistencia de los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Mario Das Neves; y de La Pampa, Carlos Verna, Asisten por Tierra del Fuego el secretario de Energía, Omar Nogar; por Mendoza el ministro de Economía,Enrique Vakuie y el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli; y por Santa Cruz el vicegobernador Pablo González.

Cabe recordar que en el primer encuentro del lunes 23, la propuesta del Gobierno nacional fue fijar un tope del 400% para los aumentos a hogares de la Patagonia y La Pampa, mientras mantuvo la posición de darles a industrias y comercios de todo el país la posibilidad de pagar ahora el 50% de las facturas y el otro 50% en cuotas en los períodos de primavera-verano de este año y del próximo. 

Ya en su momento los gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Río Negro el tope del 400% son insuficientes, a lo que suman la disconformidad por los aumentos de más del 2.000% que están recibiendo los comercios e industrias de la zona, incluidos los que se dedican a la actividad turística. A esto se sumaron doce obispos de la Patagonia quienes le hicieron saber por carta a los ministros Aranguren y Frigerio: "Queremos compartirles nuestra profunda inquietud por los alcances, ciertamente no buscados pero sí causados, por los aumentos desmesurados de los servicios esenciales como son el gas y la electricidad", señalaron.

Hasta el momento hay fallos de la Justicia frenando los aumentos en las tarifas de gas que rigen desde el 1 de abril en Santa Cruz, Chubut, Bariloche, Tierra del Fuego y Mendoza. En tanto, en San Luis, tal como lo había solicitado el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, y el titular del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, presentaron una "acción declaratoria de certeza" en el Juzgado Federal, solicitando que se frenen las subas y se apliquen las tarifas anteriores.

Por último, el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, instó al Enargas a realizar audiencia pública en un plazo de 20 días para acordar un nuevo cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires, y en caso de que no se cumpla ese requisito, ordenará retrotraer los valores a los vigentes hasta el 31 de marzo.