El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue cuestionado por haberse desempeñado como CEO de la empresa petrolera Shell, pero se confirmó un dato aún más llamativo que se venía denunciando: aún conserva acciones en la compañía angloholandesa por más de $ 16 millones.

Así se desprende de la declaración jurada que presentó en Oficina Anticorrupción y cuando el diario La Nación preguntó a sus colaboradores si hay incompatiblidad, aseguraron que no porque no “toma decisiones” sobre la empresa, aunque cualquier mal pensado creería que por ser dueño puede inclinarse a tomar medidas a su favor.

La ley de Ética Pública dice que los funcionarios deben abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años

El fiscal federal Carlos Stornelli requirió abrir una investigación contra el ministro,denunciado penalmente por diputados kirchneristas que lo acusan de beneficiarse con los aumentos tarifarios de gas, debido a su doble rol como funcionario público y accionista de Shell.

Stornelli elevo al juez federal Luis Rodríguez el pedido de investigación pena para Aranguren y solicitó una serie de medidas de pruebas para avanzar en la pesquisa.
 

Los denunciantes fueron los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes habían propuesto pedir informes al Ministerio de Energía sobre Shell y los cuadros tarifarios, a la OA sobre la declaración patrimonial de Aranguren y a Shell sobre las acciones y ganancias del funcionario.

También solicitaron informes sobre negociaciones sobre la empresa BG (British Gas) y requerimientos al Ministerio de Energía de Chile sobre las últimas negociaciones con ese país para enviar gas a la Argentina.FacebookTwitter

Por esa causa, se abrió otra denuncia ante la sospecha del pago de sobreprecios que tramita en el juzgado de María Servini de Cubría.

El jueves, Aranguren recibió su tercera denuncia impulsada por la Procuración de Investigaciones Administrativas, porque el funcionario no habría llamado a audiencias públicas antes del tarifazo.

Por lo pronto, en la denuncia sobre la que ahora avanza Stornelli se cuestionó el doble rol de funcionario del gobierno y accionista de Shell y se precisó que Aranguren ingresó en la compañía Shell en 1979 y se retiró en 2015 como presidente de la firma, donde recibió "una cantidad variable de opciones y/o acciones" que suman unos 13 millones de pesos, según su declaración jurada.

"Dichas acciones forman parte del patrimonio del ministro Aranguren y, desde luego, su valor fluctúa con la actividad de la empresa. De esta manera, mientras RDS (Royal Dutch Shell) acreciente su actividad y se mantenga como una empresa líder en el mercado de la energía, el patrimonio del Sr. Aranguren se mantendrá en alza junto con el aumento del valor de sus títulos accionarios", se sostuvo.

Los denunciantes remarcaron que "claramente el ministro Aranguren no ha renunciado a su participación societaria como lo exige la ley, como tampoco se abstuvo de participar en las decisiones que puedan llegar a ocasionar un conflicto de intereses, decisiones que sin embargo, seguirán bajo la esfera del Ministerio del que es titular".

"Dentro de las facultades del ministro de Energía, por medio de sus diferentes subsecretarías, se encuentra la de intervenir en la aprobación de los pliegos de bases y condiciones para llamados a concurso y/o licitaciones, así como también en los procesos licitatorios o contrataciones directas que se efectúen con motivo de las acciones vinculadas al área de su competencia", dijeron.

Y añadieron: "en este sentido, no solo existe un, por demás evidente, conflicto de intereses respecto de la situación del ministro socio de Shell, en tanto esta compañía participa activamente del mercado energético cuya regulación y control está a cargo del propio Aranguren, sino hechos concretos como los que venimos a denunciar", sostuvieron.

Agencias