El escándalo por la "filtración" de información confidencial de la AFIP de dirigentes políticos, personalidades influyentes, empresarios y jueces que eran utilizados con fines políticos sumó dos nuevas víctimas dentro del propio Gabinete presidencial.

Se trata del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h) que, según la confirmación de fuentes del propio organismo recaudador, fueron espiados por personal que extrajo información fiscal personal y de sus familias, e "imprimió pantallas sin que hubiera motivo de fiscalización alguno. Según los registros de las bases de datos a través de los cuales se accedió, se utilizó la clave de dos agentes que reportan internamente al subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, quien ya se encuentra imputado por "violación de secretos" a pedido del fiscal Eduardo Taiano. 

Los agentes involucrados en la maniobra -y que aparecen en los sistemas- son Gerardo Ballovich y Omar Pintos. Sus usuarios quedaron plasmados en los perfiles fiscales de De Andreis y de Triaca que se suman a otros dirigentes que ya habían sido intrusados y cuyos datos, se investiga, fueron difundidos a medios de comunicación o con objetivos de robustecer denuncias penales. Ambos agentes trabajan en la Dirección Regional que depende directamente de Mecikovsky, en el ojo de la tormenta y cuya vivienda y oficinas fueron allanadas por orden del juez Luis Rodríguez. 

Entre ellos estuvo una consulta hecha sobre datos del presidente de Boca Juniors y sindicado como presunto operador judicial del Gobierno, Daniel "El Tano" Angelici, desde la Región Microcentro. La fecha de la consulta coincide cronológicamente con la denuncia que radicó en su contra la diputada Elisa Carrió, a fines de marzo. La legisladora, socia de Cambiemos, le apuntó por sus nexos con el Poder Judicial, una disputa que aún se dirime en tribunales.

Carrió fue igualmente imputada como la destinataria de la información que Mecikovsky ordenaba recopilar por agentes de menor rango, ingresando a la base de datos de AFIP a través de funcionarios y asesores, incluso, de otras regionales. El kirchnerismo, por su parte, apuntó contra Margarita Stolbizer y su asesora, la abogada (ex IGJ) Silvina Martínez, quien mantuvo contactos con Mecikovsky según su propia declaración testimonial. 

Auditoría

Apenas estalló el escándalo, como informó este diario el 23 de mayo, Alberto Abad ordenó una auditoría interna para conocer los alcances de la denuncia que ya tenía impulso fiscal. El resultado reveló actividades sospechosas sobre los perfiles fiscales que datan desde hace varios años y continuaron con el cambio de Gobierno. Según trascendió, Abad buscó denunciar a su antecesor, Ricardo Echegaray, como el responsable del espionaje sobre políticos, empresarios y jueces. Ese estudio que fue encabezado por quien resultó involucrado en la maniobra denunciada buscó anticiparse y sofocar cualquier intento judicial de profundizar sobre la información de los sistemas. Allí estará la clave que puede develar quiénes, desde hace cuánto y con qué fines se dedicaban a obtener información bajo secreto fiscal de determinados contribuyentes. Esta parece ser la única confirmación dentro de la AFIP: existió un "task force" dedicado al armado de "dossiers" con información que -de acuerdo con los sofisticados sistemas de cruces de datos- ofrece una precisión que la vuelve más poderosa que la ex SIDE. Una de sus primeras víctimas fue Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, quien en enero fue denunciado por Carrió por presunto enriquecimiento ilícito. Ese expediente se cerró en marzo, pero contiene, información bajo secreto fiscal del titular del máximo Tribunal. 

Escándalo en San Juan

A este cisma dentro de la AFIP se le sumó en los últimos días las esquirlas de un episodio que sacudió a la filial del organismo en San Juan. Allí se desbarató una banda dedicada al fraude, que consistía en falsas compensaciones a contribuyentes en problemas con el fisco. Otra de las maniobras era modificarles directamente la fecha de inicio de actividades en el "inviolable" sistema de AFIP. El resultado era que las deudas desaparecían por la propia adulteración del sistema que internamente hacían al menos dos empleados de esa repartición. La Justicia federal de esa provincia a cargo de Leopoldo Rago Gallo también apuntó a otra modalidad: la compraventa de créditos fiscales generados a partir de empresas fantasma, con operaciones inexistentes. 

En la causa que se viene investigando hace siete años están imputadas nueve personas, dos de ellas detenidas. Hay un prófugo: Germán Alejandro Montivero Belmonte, hijo del empleado de AFIP y secretario general adjunto de la regional Mendoza de AEFIP, Manuel Montivero. El contador Eduardo Olmos es señalado como el jefe de esa asociación ilícita. Daniel Fornari es el otro detenido, también vinculado a un caso de extorsión a un empresario en 2009, en el que admitió su culpabilidad. La Justicia empezará a desgranar la escala de responsabilidades al interior de AFIP, con empleados que orquestaron un negocio paralelo con empresarios. Montivero padre es cuñado de Patricia Gianetti, quien es la titular de la Regional San Juan, donde sucedieron todas las irregularidades y su superior directo es Mecikovsky, quien ubicó a todos los actuales jefes de las regionales. Por esto es que el miércoles pasado hubo una reunión de urgencia entre Abad, el director de la DGI, Horacio Castagnola, y el propio Mecikovsky por la trascendencia del episodio en San Juan. En las próximas horas el senador del PJ Federal Roberto Basualdo presentará un pedido de informes exhaustivo para que Abad explique las irregularidades que acontecían en esa regional.

Fuente:Agencias