Así como el divorcio de Lázaro Báez sólo llegó a estas páginas ante la alerta de una posible maniobra de desapoderamiento o separación de bienes que podría influir en el destino de las propiedades y el capital del empresario kirchnerista investigado por lavado de dinero, su devenir amoroso también quedó al margen de la crónica. Hasta ahora, porque Liliana Acosta –la supuesta “novia” de Báez– tendría un pie en dos de las empresas del grupo familiar que están bajo la mira de la justicia.

Se trata de las firmas de servicios petroleros Epsur S.A. y Misahar S.A, las mismas que hace unos años condujo Horacio Quiroga, el ex colaborador de Lázaro que luego lo denunció y que el 10 de mayo murió de una descompensación cardíaca en su departamento porteño de la avenida Callao.

“Sólo piensa en ella y en su futuro juntos”, dice una persona que conoce las alternativas de esa relación. “De hecho, mandó a acondicionar una finca de él cerca de Cafayate, en Salta, para irse con Liliana cuando salga de la cárcel”.

Acosta es una empleada de la AFIP que trabajaba en Comodoro Rivadavia, donde conoció a Lázaro. Hace tres años fue trasladada a Buenos Aires, donde reportó bajo las órdenes de Andrés Vázquez, un poderoso directivo del organismo bajo las órdenes de Ricardo Echegaray, y ahora regresó a Comodoro. Desde allí controlaría la actividad de las dos empresas del grupo Báez, bajo la mirada del ex contador de Lázaro y actual vicegobernador, Mariano Arcioni.

Pero más vínculos unen lo sentimental con los negocios: Diego Fernández Garrido, un hombre a quien Báez introdujo en el negocio de las viviendas y con el tiempo trabó una íntima amistad con Acosta, acaba de quedar ligado a la causa judicial que investiga los desvíos de dinero en el programa Sueños Compartidos. Darío Giustozzi, el ex intendente de Almirante Brown de quien Fernández Garido fue secretario de coordinación, fue citado a indagatoria ayer. Según fuentes judiciales, su viejo colaborador y actual sostén emocional de Acostatambién sería llamado, al menos como testigo.

Los investigadores de “la ruta del dinero K” miran con atención estos cruces. Epsur y Misahar forman parte del imperio de Báez, quien con un embargo en su contra por 800 millones de pesos busca los caminos para mantener al margen de las garras judiciales algunas de sus posesiones y cedió el control efectivo de esas y otras firmas en gente de su extrema confianza.

El éxito de esa delicada jugada podría tambalear cuando la lupa de la Justicia se acerque a los movimientos de dinero de esas empresas, cuando la relación entre Liliana Acosta y Diego Fernández Garrido arrime hacia Báez los problemas que están en otros expedientes, o cuando los familiares de Lázaro le reclamen por el destino de sus atenciones. Y de su dinero.

Fuente:Claudio Savoia