El oficialismo y el massismo avanzan contrarreloj en negociaciones para aprobar mañana en Diputados un paquete de leyes anticorrupción. Ayer, las principales espadas de ambas bancadas trabajaban en los dictámenes que hoy pretenden firmar para poder tratarlos en la sesión especial de mañana.

Hoy, las comisiones de Legislación General, de Justicia y de Seguridad abordarán el proyecto de “ley del arrepentido” sobre la base de un mix de iniciativas presentadas por legisladores y de ideas surgidas en el Ministerio de Seguridad y en la Oficina Anticorrupción. Esta ley del arrepentido es la que más dolores de cabeza le estaba generando al oficialismo, ya que hasta ayer había diferencias entre el macrismo y la UCR.

El titular de la comisión de Seguridad, Luis Petri (UCR), explicó: “Estamos haciendo todos los esfuerzos para posibilitar la aplicación de la figura del arrepentido y también instrumentar esa figura en cada una de las etapas del proceso judicial. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una complejidad adicional porque hay dos códigos procesales penales, el que está en vigencia y el que entra en vigor el año entrante”.

En términos generales, Cambiemos y el Frente Renovador pretenden generalizar la figura del arrepentido (que ya existe para ciertos delitos complejos como el lavado de activo, el narcotráfico, la trata de personas o los secuestros extorsivos) a delitos relacionados con la administración pública, en especial los ligados a la corrupción.

Hasta anoche, entre el oficialismo y el massismo había diferencias. Pero tanto Petri como la jefa del bloque UNA, Graciela Camaño, daban por seguras tanto la firma de los dictámenes como la media sanción.

El otro proyecto en juego es la extinción de dominio. La propuesta fue presentada en abril por Camaño y Sergio Massa y tiene alto consenso en el oficialismo. Se busca que un juez civil pueda dictaminar que un bien proviene de actos delictivos y determinar con un fallo su transferencia al Estado, para que este haga usufructo hasta tanto la Justicia penal determine la culpabilidad de los acusados. Para ello se crea un órgano, la Administración de Bienes en Extinción de Dominio, dentro de la Jefatura de Gabinete, con el objeto de que dichos bienes no queden en manos de la Corte –que los destina para gastos del Poder Judicial– y puedan utilizarse para financiar programas sociales, educativos o de salud.

Agencias