Así, Echegaray deberá esperar fuera del organismo la decisión de la propia Cámara sobre si confirma el fallo que lo suspendió en el cargo o si lo revoca y ordena su reincorporación.

La jueza en lo contencioso administrativo federal Claudia Rodríguez Vidal hizo lugar el 3 de junio pasado a una medida cautelar pedida en enero por los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez para suspender a Echegaray por falta de idoneidad moral para ser titular de la AGN por las causas penales en su contra.

Un día antes el ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo había sido procesado por el juez federal Claudio Bonadio por falso testimonio. Para la magistrada ese procesamiento es un "obstáculo para su permanencia al frente del aludido órgano de control" y suspendió a Echegaray por tres meses en el organismo.

La decisión se sumó a la que habían tomando los presidentes del Senado, Gabriela Michetti, y de Diputados, Emilio Monzó, que firmaron una resolución por la cual removieron al entonces titular de la AGN.

Pero la defensa de Echegaray, a cargo del abogado Mario Laporta, apeló el fallo de la jueza Rodríguez Vidal y pidió que mientras se tramita la causa pueda volver a la AGN. Sin embargo los miembros de la Sala IV Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti, rechazaron el planteo.

"No resulta coherente con la finalidad propia del proceso de amparo que la apelación de las medidas cautelares produzca la suspensión de sus efectos", señalaron en el fallo.

Los mismos jueces son los que deben resolver la apelación y definir si confirman la suspensión o reponen al titular de la AGN, y están en condiciones de tomar esa decisión porque la causa está en "autos para el acuerdo".

Echegaray fue un intocable en tribunales durante los 12 años de kirchnerismo pero con el Frente para la Victoria fuera del poder se reactivaron las causas en su contra. Además del procesamiento por falso testimonio, el ex funcionario declaró como acusado por la presunta protección que desde la AFIP le dio al empresario Lázaro Báez y fue citado a indagatoria para fines de agosto por beneficiar en 8.000 millones de pesos a la petrolera Oil Combustible.

A eso se suma un pedido de indagatoria en la causa Ciccone, en la que está procesado el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou.