Cristóbal López y Fabián De Sousa no solo utilizaron el dinero de quienes cargaban nafta en sus estaciones de servicio Oil para financiar el explosivo crecimiento de su Grupo Indalo.

Una investigación realizada por la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) acaba de confirmar que los empresarios kirchneristas también estafaban a sus propios empleados al no depositar durante largo tiempo sus aportes sociales y previsionales. Por esa maniobra, que ahora deberá investigar la justicia, se habrían apropiado de por lo menos 300 millones de pesos.

Los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, en representación de ese brazo del Ministerio Público Fiscal, se presentaron el miércoles ante el fuero en lo Penal Económico para hacer la denuncia contra López y De Sousa, que se suma a la que hace unos meses había realizado la AFIP por la evasión de $ 8.000 millones del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) en las operaciones de Oil Combustibles SA. En este nueva causa las cifras en juego son menores pero la maniobra es bastante más repugnante: se trata de dinero que pertenecía a la gente que trabajaba en varias empresas del Grupo Indalo.

En la pesquisa oficial, que se inició a partir de una nota publicada pormedios gràficos, la PROCELAC requirió ayuda de AFIP y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises). Ya con las primeras planillas de la ANSES en su poder, los fiscales anti-lavado confirmaron la sospecha inicial: varias empresas de López y De Sousa "habrían omitido efectuar el depósito de los recursos de la seguridad social retenidos a sus dependientes". Esto es, se quedaban con el dinero descontado a sus empleados para hacer frente a la jubilación y la obra social. 

Las nuevas autoridades de la PROCELAC comprobaron que la maniobra se repetía en las firmas Alcalis de la Patagonia, Banco Finansur, Casino de Rosario, La Corte SA, CPC SA, Establecimiento Santa Elena, Feadar SA, Ideas del Sur SA, IGD SA, Inverclub SA, Oil Combustibles SA, Soluciones Logisticas SA y Votionis SA. Es decir que la estafa afectó a los empleados de todos los rubros a los que había ingresado el Grupo Indalo: desde la faena de ovinos a los medios de comunicación, desde el sector financiero a los casinos. 

En la denuncia penal, la PROCELAC sugiere aplicar una medida cautelar para inhibir los bienes de Cristóbal López, de modo de asegurar que el empresario pueda responder con ellos en caso de ser hallado culpable de estas maniobras luego del debido proceso judicial. En ese trámite, los fiscales recomendaron también una serie de medidas de prueba, inclusive la de tomar declaración testimonial de algunos empleados de las empresas de Indalo que hubieran sido afectados por el no depósito de sus aportes al sistema de seguridad social.  

En su época de esplendor, el conglomerado presidido por López llegó a tener unos 18.000 empleados. Pero la derrota electoral del Frente para la Victoria y la salida del poder de Cristina Kirchner lanzó un notable proceso de descomposición. A los apurones, Cristóbal primero anunció una supuesta división con su socio De Sousa, quien se quedaría con las empresas de medios. Y más recientemente se supo que iba a ceder su participación en el negocio del juego a sus socios del Casino. En medio, el empresario fue citado a indagatoria por el caso de Oil Combustibles y la multimillonaria elusión del ITC.

El juez federal Julián Ercolini, a cargo de dicha investigación, ya citó a declaración indagatoria para fines de agosto no solo a López y De Sousa sino también al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a otros funcionarios del organismo. "La tesis de la imputación sostiene un relajamiento de toda la traza de controles en la AFIP", explicó el magistrado, considerando que no hubiera sido posible eludir el pago de 8.000 millones de pesos del ITC sin un guiño de los recaudadores. 

En esta nueva denuncia por la evasión de aportes todavía no aparece mencionado Echegaray. Pero es posible que su nombre surja con la profundización de la pesquisa en la justicia debido a que, como en el caso de Oil Combustibles, fue el funcionario quien, en vez de exigir a Indalo que cancele sus deudas, le concedió ventajosas refinanciaciones en el marco del Artículo 32, que es de resorte exclusivo del titular de la AFIP y que fue aplicado por primera vez en 2010, en aquel recordado caso que tenía como protagonista a la firma Ciccone. 

Fuente: Matìas Longoni