La década después de los primeros reclamos y tras cientos de marchas en las calles, ingresó ayer al Congreso el anhelado proyecto de ley que establece la gratuidad a nivel universitario en Chile, sin dejar satisfecho a nadie.

Después de nueve prórrogas y superar el último plazo autoimpuesto, la presidenta Michelle Bachelet anunció la noche del domingo en cadena nacional el envío al Congreso de la última y más esperada ley de reforma de la Educación en Chile: la gratuidad universal a nivel universitario.

“Con él (proyecto) cerramos el ciclo de las leyes de la gran reforma educacional que iniciamos en 2014 y que va desde las salas cunas hasta la educación superior”, señaló la mandataria al ofrecer detalles del proyecto de ley, exigido en las calles desde 2006.

Pero la gradualidad del proyecto y los plazos difusos de implementación de la gratuidad no conformaron a nadie.

“El proyecto no termina con el negocio de la educación. No cambia sustancialmente lo que hay hasta ahora”, dijo Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la principal agrupación que encabezó las numerosas marchas bajo la consigna “educación pública, gratuita y de calidad”.

“Lo que ha planteado la presidenta en la cadena nacional (...) nos llena de preocupación y desaliento”, afirmó de su lado Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso.

Política de largo plazo

La ley consagra la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes más pobres al final del mandato de Bachelet (2018), y desde ahí establece una serie de condicionantes económicos para llegar a la gratuidad universal. 

El proyecto mantiene la convivencia de universidades públicas con las privadas, al igual que el actual sistema de créditos y becas para el financiamiento del pago de los aranceles.

Con una matrícula que hoy supera el millón de estudiantes, la gratuidad total fue la gran promesa de campaña de Bachelet, que se había comprometido a llegar al 70% de la matrícula hacia el final de su mandato y al 100% en 2020, comprometiendo políticas del próximo gobierno.

“Los países no pueden pensar sus políticas públicas en el corto plazo”, defendió el portavoz oficial del gobierno Marcelo Díaz.

La gratuidad universal ha sido defendida por años en la calle por estudiantes que han protagonizado cientos de marchas, exigiendo el fin del sistema educativo que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que propició el ingreso de privados y redujo a menos de la mitad el aporte público a la educación.

Como consecuencia, Chile cuenta hoy con uno de los sistema educativos más caros y segregados del planeta. Hasta este año era imposible estudiar gratis en la universidad, pero tras una iniciativa temporal al margen de esta ley, el gobierno adelantó la implementación de la gratuidad para un poco más del 10% de los estudiantes con menos recursos.

FFAA absorben el 80% de aportes de Codelco

El 80% de los aportes totales de la cuprífera Codelco al fisco chileno en 2015, unos 858 millones de dólares, fueron a parar a las arcas de las Fuerzas Armadas del país, para cumplir una polémica ley heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La información difundida por el diario El Mercurio se desprende de datos difundidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres), que confirma el aporte recibido por las Fuerzas Armadas de un total de 1.075 millones de dólares vertidos por Codelco a las arcas estatales el pasado año.

La Ley Reservada del Cobre obliga al Estado a destinar 10% de las ventas anuales de la cuprífera estatal Codelco a un fondo utilizado para la adquisición, renovación y mantenimiento de material bélico que en los últimos siete años ha recibido unos 6.440 millones de dólares.

El año pasado, la cuprífera estatal reportó bajas históricas en sus exportaciones, debido a la caída de los precios del metal rojo a nivel mundial, elevando el porcentaje destinado a la Ley Reservada que afecta los ingresos por el total de ventas.

En los últimos años, el Congreso chileno recibió varios proyectos para modificar la norma que existe desde la década del 50, pero que se reformuló durante la dictadura aumentando el porcentaje de los aportes de Codelco destinados a las Fuerzas Armadas.

La continuidad de la norma fue puesta nuevamente en el tapete a fines de 2015 al destaparse un millonario caso de corrupción en las filas del Ejército.

Fuente:AFP