La advertencia es de José Listo, secretario adjunto o de la Asociación Obrera Textil (AOT), denuncia que en el sector hay más de 2.000 trabajadores suspendidos por la apertura de las importaciones y la caída del consumo.

Listo explicó que "por ahora, hasta julio tenemos más de 2.000 trabajadores suspendidos", debido a la "acumulación de stock y la contracción del mercado". "Si vamos a dejar que ingrese deliberadamente tejido plano, tejido de punto, nosotros estamos muy complicados", advirtió. 

"No hay despidos masivos, pero no se están renovando los contratos eventuales", sostuvo el gremialista y anticipó que se pusieron en contacto con sus pares de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) y de Fundación Protejer "para llevar adelante una acción en conjunto". "Ellos para defender su industria y nosotros los puestos de trabajo", disparó.

Asimismo, señaló que lo problemas comenzaron a principio de año, pero "se podían ir solucionando". "Tenemos el fantasma de los 90, que la pasamos muy mal en esa época. (El expresidente Carlos) Menem le pasó como un tsunami a la industria", aseveró. 

Listo aseguró que desde el Gobierno, el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, intentó llevarles tranquilidad pero que en el sector "no vemos tan claras las cosas". "No es un gremio que se queda sin trabajo, son muchos", expresó. Además, alertó que "la industria en general se redujo entre un 20 y un 25%, y eso ya es preocupante, así ya empezó en otras épocas". 

A fines de diciembre pasado, el Gobierno decidió poner fin a las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), creadas en 2012 por el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, como un filtro para frenar todo tipo de importaciones.

En su reemplazo, se estableció el "Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)". La nueva norma establece que los importadores deberán presentar la información solicitada a través de la página de la AFIP, y la respuesta de los organismos encargados de autorizar el ingreso de mercadería deberán responder "en un lapso no mayor a los 10 días".

En el medio de eso, el Gobierno aprobó las DJAI que estaban pendientes, muchas de ellas con pedidos que estaban superpuestos con otros anteriores debido a que la demora en ser autorizados generó que se reiterara la solicitud. Esto provocó un aluvión de productos que ingresaron al país y fueron volcados al mercado. La combinación del stock acumulado y la caída del consumo tuvo, inevitablemente, su impacto negativo en la industria.