Un juez bonaerense dictó una medida cautelar a favor de un usuario de AySA, y ordenó que el servicio de agua corriente se le vuelva a facturar conforme los valores del anterior cuadro tarifario, previo al aumento dispuesto por el Gobierno. La medida sienta el primer precedente en el país sobre un amparo de estas características, y reconoce la jurisdicción federal para continuar el pleito. 

El fallo corresponde al juez de familia del Juzgado N° 8 de Lomas de Zamora, Carlos Alberto Dupont, que resolvió: "Decretar como medida cautelar la suspensión del aumento tarifario dispuesto en la Resolución 62/2016 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda respecto del usuario Víctor Daniel Vallejos (...) hasta tanto el Magistrado Federal de Primera Instancia se expida sobre la cuestión planteada". De esta forma, a lo largo de siete carillas, el magistrado validó la urgencia de otorgar una medida cautelar que frente la aplicación del aumento. A su vez el magistrado dispuso "suspender la factura" emitida el 21 de mayo de este año por la prestadora del Servicio AySA y "reestablezca la misma conforme con el cuadro tarifario previo a los aumentos dispuestos". Es decir, sin tomar en consideración la Disposición 62/2016. En ese sentido, Dupont pidió que en la causa contra el Gobierno nacional iniciada por un particular domiciliado en el partido bonaerense de Banfield, se notifique de la validez de su decisión tanto al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y a la propia AySA. 

En su pronunciamiento, el magistrado declinó la competencia provincial y remitió el caso a la jurisdicción federal de turno. Aclaró que si la intervención es rechazada, debe ser la Corte quien decida que juez debe hacerse cargo de tramitar la cuestión de fondo demandada en el amparo. La acción, patrocinada por el abogado Facundo Ferro -quien ya acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el resguardo de la vida y la salud de Joaquín, un niño electrodependiente cuya familia no podía afrontar los aumentos de luz- pidió que la medida de "no innovar" se extienda a la totalidad de los usuarios y consumidores de manera colectiva. Dupont consideró que para adentrarse en la materia se debería hacer un examen de constitucionalidad, pero que el suministro de servicios públicos es una cuestión de la Justicia federal, no provincial. 

Pero el magistrado tomó en cuenta el "estado de arbitrariedad" expuesto en la demanda que resaltó la ausencia de audiencias públicas para el rebalanceo tarifario, lo que "exterioriza una fuerte verosimilitud de la afectación al derecho de los usuarios a la información adecuada y veraz", lo mismo que la "participación ciudadana" cuando se disponen aumentos, algo resguardado en la Constitución Nacional. Aseguró que sin intervención judicial se podría producir "un daño irreparable en sus derechos". Por eso es que limitó sus efectos al usuario particular, aunque el precedente que sentó puede verse multiplicado en otras jurisdicciones, tal como sucedió con la luz y el gas, hasta que se defina el alcance colectivo de un amparo y se replique un escenario similar al que dio de baja las resoluciones del Ministerio de Energía por la provisión de gas. Los aumentos de los servicios de agua y cloacas se dispararon por encima de un 375%, una suba más elevada que la anunciada inicialmente por el Gobierno. Ferro consideró que el aumento "discrimina a este usuario y a la mayoría de la población al no permitirle el acceso a un derecho humano como la utilización de un bien público básico y esencial".

Agencias