El  "Plan Universal de Salud" anunciado en la tarde  de ayer por el presidente Mauricio Macri alcanzará a unas 15 millones de personas para hacer un sistema de atención más equitativo y eficiente.

En principio, está prevista la creación de una cobertura universal, de próximo funcionamiento, que permitirá a los pacientes del sistema público (unos 15 millones de beneficiarios) tener una credencial, ficha médica e historia clínica y la posibilidad de acceder a descuentos en medicamentos.

Habrá un reparto de casi 30.000 millones de pesos, de la siguiente forma: el 15% de los aportes para obras sociales mantendrá un Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que contempla programas para compensar a las obras sociales con empleados de menores ingresos y permitirá financiar tratamientos de alta complejidad, entre otros. El dinero que no se use, será repartido equitativamente entre las obras sociales.

Además, el Gobierno destinará 8.000 millones de pesos a mejorar la situación de los hospitales públicos.

Poco más de 2.700 millones de pesos serán para saldar la deuda que mantiene la Superintendencia de Servicios de Salud con las obras sociales por tratamientos médicos de alto costo ya brindados.

En tanto, unos 4.500 millones de pesos serán para un Fondo de Emergencia y Asistencia para brindar apoyo económico a obras sociales ante situaciones de epidemias o para implementar campañas de prevención o reparar centros de salud.

Asimismo, se colocarán 14.000 millones de pesos en bonos del Tesoro Nacional, cuyos intereses serán integrados al Fondo Solidario de Redistribución para financiar el pago de prestaciones médicas.

Históricamente, los hospitales públicos se ven perjudicados porque atienden a beneficiarios de obras sociales y prepagas sin cobrar casi nunca por sus servicios. Para torcer esa situación, a partir de este plan las obras sociales y las prepagas deberán pagar por los servicios que reciben sus afiliados.

Para evitar trámites burocráticos, el Ministerio de Salud articula un plan de "Integración", para pagar directamente a través del FSR las prestaciones médicas de las personas con discapacidad, liberando a las obras sociales.

Por último se crea una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, que si el Congreso convierte en ley, analizará los medicamentos, productos, técnicas y procedimientos adecuados para atender cada enfermedad, con el objetivo de bajar costos y evitar sobreprecios.