Los proyectos, que ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados, son debatidos en el ámbito de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad y Narcotráfico del Senado, donde vienen recibiendo críticas tanto de los senadores como de los especialistas invitados. Hoy se cumplirá la tercera y última jornada de debate.

El coordinador general del Programa para la Reforma Judicial Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, manifestó que "el beneficio procesal de excarcelación del arrepentido tiene que ser luego de corroborado su testimonio".

A su turno, el exministro de Justicia bonaerense León Arslanian advirtió que "si alguien dijera ´yo tengo información para aportar ´ en medio del proceso se debería suspender la acción penal contra esa persona y todo el proceso judicial".

En este sentido, consideró que debería establecerse que la figura del arrepentido sólo puede aplicar "en el transcurso de instrucción penal preparatoria y antes de pedido de elevación a juicio".

Respecto del proyecto sobre recuperación de bienes o extinción de dominio, Arslanian sostuvo que "contiene rasgos escandalosos y errores de concepto" e indicó que "se propone ejercer la acción de extinción de dominio sin que haya una sentencia penal", con lo cual se "viola el principio de inocencia".

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, reconoció que "el derecho a arrepentirse es parte constitutiva del derecho a la libertad de expresión" pero opinó que "no se puede admitir arrepentidos durante todo el proceso, hay que poner un límite temporal".

En tanto, sostuvo que "la eficiencia judicial no puede ser a costa de garantías constitucionales" y precisó: "Lo que me preocupa es que simplemente con un llamado a indagatoria ya se puedan incautar bienes de una persona".

El abogado Ignacio Cafferata Nores se refirió al proyecto de ley del arrepentido para casos de corrupción e indicó que "si al arrepentido se le da la libertad antes de que en la sentencia final se establezca el valor completo de su aporte, es un chiste".

Además, cuestionó el posible "regateo entre un fiscal y un delincuente arrepentido" sobre la reducción de la pena en caso de colaboración con la causa.

El exdiputado radical y exdirector de la Oficina Anticorrupción Manuel Garrido también advirtió sobre el riesgo de que la eventual ley de extinción de dominio no resguarde las reglas del debido proceso y recomendó que el decomiso se aplique cuando la causa no puede tener resolución.

"Se debe definir si la idea es resolver situaciones en donde no hay una resolución para recuperar bienes, como la muerte del acusado, fuga y otros elementos que hacen que no se llegue nunca a una condena", precisó Garrido.

Sobre el mismo proyecto, el fiscal de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración General de la Nación, Felix Crous, advirtió que "la cuestión de la administración de los bienes (extinguidos) y de la transparencia son las dos claves de este asunto".

Más allá de las críticas y advertencias de los especialistas en la materia, entre los senadores de todos los bloques ya había con anterioridad una coincidencia general en cuanto a la necesidad de modificar los proyectos que fueron enviados por la Cámara de Diputados.

Agencias Buenos Aires