Luego de que el ministro de Energía Juan José Aranguren anunciara el adelantamiento de la audiencia pública, como gesto político a la Corte Suprema de Justicia, en el Gobierno se debate puertas adentro cómo trazar la convocatoria para evitar futuras impugnaciones y, por consiguiente, que el elevado costo político que implicó el ajuste de tarifas siga creciendo.

Las distintas posturas respecto al tema reavivaron la grieta que hay puertas adentro del Gobierno por cómo se encaró el aumento de los servicios públicos. El ala política liderada por el ministro del InteriorRogelio Frigerio, que pujó desde un primer momento para que se convocara a una audiencia pública, impulsa que la convocatoria sea no sólo de puertas abiertas, sino con plena participación de los distintos sectores de la sociedad. Esto implica, incluso, que sectores ligados a la oposición también puedan alzar la voz contra el tarifazo.

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Entienden en ese sector que sería una manera de descomprimir la tensión política, aunque aseguran que no hay mucho margen para llamar a una audiencia pública en la que los invitados sólo se limiten a escuchar a Aranguren. "El que venga, tiene que poder expresarse. Si no, no va a servir de nada, ni siquiera como señal a la Corte", sostienen.

Al admitir lo que adelantó Clarín en su edición del domingo, respecto a que el Gobierno convocaría a una audiencia pública como gesto al Alto Tribunal, Aranguren ayer habló de una "audiencia informativa" ad hoc, lo que generó controversia en sectores de asociaciones de consumidores que rápidamente salieron a cuestionar la iniciativa. "No sirve la audiencia de la que habló Aranguren, si no se le da participación a los usuarios no está en línea con lo que establece la Constitución", advirtió Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.

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En Balcarce 50, donde hay autocrítica por el error "político" pero también una férrea reivindicación desde el punto de vista técnico de la decisión de no convocar inicialmente a la audiencia pública, bajo el argumento de que "no era necesaria porque la ley no lo prevé cuando se altera el precio de la generación", buscan dar pasos en firme, conscientes de que un nuevo error dejaría expuesto al Presidente. Por eso, luego de la andanada de cuestionamientos de sectores de la oposición, pulen la resolución que firmaría Aranguren. "Estamos viendo que no quede nada suelto que después pueda provocar futuras impugnaciones", dijeron.

¿Se hace una audiencia pública formal y se suspende la de octubre? En ese caso, la convocatoria se podría realizar recién la última semana de agosto, ya que ley establece una antelación mínima de 20 días corridos. ¿Se da participación a todos los sectores de la oposición ó se mantiene el carácter informativo del que habló Aranguren inicialmente? En el Gobierno afirman que "hasta ahora va a ser con lugar para expositores y preguntas", pero admiten que "todavía no está definido".

¿La audiencia pública será sólo para el gas o también incluirá en su temario la suba de la luz? Hay quienes creen conveniente hacer cada una por separado, pero hoy la posibilidad más firme es que sea una sola para ambos servicios.

La decisión del pedido de la Corte Suprema, de remitirle a la procuradora Alejandra Gils Carbó la causa en la que la Sala II de la Cámara Federal de La Plata decidió frenar los aumentos de gas en todo el país, demorará los planes del Gobierno en su política tarifaria pero, al mismo tiempo, le dará la posibilidad de definir bien la estrategia. Y también les deja cierta expectativa. Sobre su mesa, un funcionario del Gobierno esbozaba hoy un dictamen de 2014, donde la procuradora, ante un caso similar, falló a favor del aumento de tarifas dispuesto por el entonces Gobierno de Cristina Kirchner.