El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía, aseguró que la carne vacuna aumentará 5% al público en los próximos días como consecuencia del acuerdo salarial cerrado por el sector que otorgó un aumento de 42% interanual, y alertó que hay empresas que por ese incremento, sumado a la caída en el consumo y en la exportación, pueden terminar "en alguna presentación de concurso preventivo".

"La reapertura de la paritaria de la industria de la carne, aunque desde la Jefatura de Gabinete se diga otra cosa, culminará con un aumento salarial interanual de 42% a partir del julio último", subrayó Urcía, quien puntualizó que "las empresas tienen que hacer frente a un incremento salarial retroactivo del orden del 27% y por supuesto sin garantías de que el acuerdo llegue al término previsto, el 31 de marzo del año próximo".

El titular de la Fifra advirtió que "esta situación traerá como consecuencia un incremento en el precio final de la carne en el orden de un 5%, debido a que la industria y los operadores comerciales no están en condiciones de absorber nuevos aumentos". 

Además, en un comunicado, señaló que "las tarifas de energía y gas tuvieron aumentos considerables, también subieron el combustible y las tasas del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria)", y remarcó que "la presión impositiva en general también influye en el encarecimiento del producto".

"Por ende no queda más alternativa que cargar esos incrementos del costos en el precio de venta de la carne, agravando así la disminución del consumo interno", afirmó Urcía.

En ese sentido, destacó que "en lo que va del año el consumo ha disminuido en alrededor de 5 kilos por habitante al año", y añadió que "los volúmenes de exportación no mejoran respecto de los registros del año anterior, es decir, en términos absolutos se está faenando menos, situación que deja al sector industrial en una posición muy débil, con posibilidad cierta de alguna presentación en concurso preventivo".

A su criterio, "es de fundamental importancia que el Estado acote la presión tributaria", y consideró que "la posibilidad de utilizar el impuesto al débito y crédito bancario para el pago de gravámenes es necesario para morigerar el impacto del tributo en el precio final del producto, y también como mecanismo de transparencia y seguridad de los operadores".

Por otra parte, sostuvo que "es necesario un acuerdo al menos de las provincias más ganaderas para establecer una alícuota común de impuesto a los Ingresos Brutos sobre la industria y los operadores mayoristas que debieran estar exentos".

"Pero, si la necesidad de recursos lo impide, la alícuota no debiera superar el 0,5%, en virtud de que el mismo impuesto grava la venta final en alrededor de un 5% del valor producto", indicó Urcía.

Destacó que "un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Financiero (Iaraf) determinó que en la composición del precio de un alimento en góndola la participación impositiva alcanza un 41%, y a eso se debe adicionar hasta un 20% de costo logístico".