A nadie le gusta quedarse afuera. Ésa fue la sensación que, tras el fallo de la Corte Suprema sobre la vigencia o no de los ajustes de las tarifas del gas, quedó en el sector de las grandes empresas y las pymes.

Tras la decisión de los cuatro magistrados de frenar el tarifazo sólo para los usuarios residenciales, pero dejando intacto el aumento para industrias, comercios y la generación eléctrica (un 70% del total del consumo), las entidades empresarias cuestionaron el fallo judicial y alertaron por el impacto que esto podría tener en la suba de sus costos y en el empleo, cuando el país vive aún una recesión económica.

"Esto nos sorprendió muy negativamente, sobre todo por la exclusión de las pymes. Las deja en un total escenario de desamparo", dijo  Osvaldo Cornide, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Golpea con fuerza a las que tienen un uso intensivo del gas. Nos reservamos el derecho de recurrir a nuevas medidas cautelares", amenazó.

Más tarde, la CAME emitió un comunicado de prensa en el que denunció "la arbitrariedad de los aumentos tarifarios" y advirtió que "en muchos casos pone en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo".

"Nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas, pero en un cuadro recesivo los aumentos anunciados y replanteados significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las pymes", afirmó Cornide, y agregó: "Al mismo tiempo, hay que poner en claro que los principales beneficiarios de las tarifas subsidiadas fueron los consumidores de grupos concentrados".

Entre los industriales, la resolución judicial también trajo una señal de preocupación. "Nosotros le avisamos al Gobierno que esto había que hacerlo de otra forma", contaron en una de las principales entidades del sector fabril. Agregaron: "Hay una mirada desde el oficialismo de que tenemos que ser competitivos, sobre todo entre los que producimos bienes transables. Es muy difícil cuando todos los costos suben, incluso la energía", agregó el directivo, que confió que tuvo una tarde repleta de llamadas en su cámara. "Lo que más preocupa a los socios es la incertidumbre que hay con esta decisión y también con la situación de la electricidad", cerró.

"Vemos esto con mucha preocupación", señaló Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria (Cgera). "Está muy bien lo que hicieron con los consumidores de gas domiciliario, pero no entendemos la sanción a la industria", reclamó el empresario textil. "Nosotros también somos una residencia para los trabajadores por nueve o diez horas al día. ¿Qué les digo? ¿Que se mueran de frío?", ironizó. "Es difícil ser competitivos teniendo que trasladar esto a precios, por lo que es una tristeza que la Corte Suprema nos haya dejado afuera", completó.

 

Varias entidades afirmaron que las pymes quedan desprotegidas al tener que pagar tarifas con aumento.

 

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) también expresó ayer su preocupación por la vigencia del "tarifazo" para el conjunto de usuarios no residenciales. Según estimó la cámara en un comunicado, esto abarca a "sectores sensibles", como las pymes, las empresas recuperadas y las cooperativas.

"Apyme alerta que en el actual contexto de recesión, caída de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios", denunció la entidad, y agregó: "El límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio. Al no haber una segmentación adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias".

En tanto, el presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Francisco Dos Reis, sostuvo que "el fallo de la Corte Suprema que suspende el brutal ajuste de tarifas para los usuarios residenciales es un paliativo, pero es insuficiente, debido a que quedaron excluidas las mipymes". Advirtió además que "miles de fábricas están en riesgo de cerrar sus puertas, como consecuencia de una brusca caída del consumo interno, sumada al tarifazo, la inflación descontrolada y la apertura de importaciones, incluido el puerta a puerta".

El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima), José Luis Ammaturo, relativizó ayer el impacto del fallo. "Nos preocupa el aumento del costo, pero más nos preocupa la falta de energía. Del aumento de la tarifa nos podemos quejar, pero mucho peor es no tener gas", señaló en declaraciones a la agencia DyN.