El Senado brasileño inició pasadas las 9.35 la sesión histórica del juicio político para destituir o confirmar en el cargo, la próxima semana, a la suspendida presidenta Dilma Rousseff, acusada de irregularidades en la elaboración del presupuesto.

"El Senado está reunido para actuar como órgano juzgador, con la grave responsabilidad constitucional de decidir sobre una presidenta elegida por el voto popular, para condenar o absolver", declaró el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoski, que dirige las sesiones como garante constitucional del proceso.

El proceso está motorizado por el gobierno interino de su vicepresidente Michel Temer, quien se pasó a la oposición y confía en la destitución de la ex aliada para continuar el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.

La mandataria está acusada de delitos de responsabilidad por haber alterado con tres decretos las prioridades de partidas presupuestarias y de valerse de los bancos públicos para pagar subsidios de productores rurales, algo conocido en Brasil como 'pedalada fiscal" y que Rousseff califica como un motivo banal para asestarle un "golpe parlamentario".

Todas las apuestas en el ámbito político de Brasilia y el empresarial-financiero en San Pablo indican que Rousseff será destituida, para lo cual se necesitan en el Senado dos terceras partes de los votos, esto es 54 sobre 81.

Según la hoja de ruta trazada con acuerdo de los jefes de bloque y Lewandowski, el jueves, el viernes y, si es necesario, sábado y domingo, se escucharán a los testigos de las partes; y el lunes será el turno del discurso de 30 minutos de la propia Rousseff, que será interrogada por sus acusadores y aliados.

Afuera del Congreso, movimientos sociales y sindicales prometieron acudir para respaldar a la mandataria suspendida desde el 12 de mayo.

El martes 30 cada senador podrá hablar por 10 minutos y luego será el turno de la acusación y la defensa.

Para intentar seducir a los pocos indecisos que quedan, los movimientos sociales de izquierda han calificado de golpistas a quienes han aprobado, tanto en comisión como en el plenario para recibir denuncias, el expediente acusatorio contra Rousseff.
 

Rousseff, en cambio, apunta a la salida institucional: solucionar con un llamado a elecciones la crisis política que se arrastra desde que en 2014 fue reelecta en medio de una investigación sobre una colosal red de sobornos a directivos de la estatal Petrobras que recaudaban dinero para campañas políticas de las empresas constructoras que lograban contratos en forma fraudulenta.

Es la segunda vez desde el fin de la dictadura militar, en 1985, que Brasil asiste a un juicio político: ya había sometido, pero por corrupción, a Fernando Collor de Mello, quien renunció al cargo antes de ser destituido por el Senado, aunque luego fue absuelto en el ámbito penal y hoy es senador y con voto declarado contra Rousseff.
Fuente:EFE