El ex ministro de Economía Nelson Barbosa negó irregularidades fiscales o contables de la presidenta  suspendida, Dilma Rousseff, al testificar ante el Senado durante el juicio político con el que el martes la mandataria puede quedar destituída y confirmado en su lugar el vicepresidente en ejercicio, Michel Temer.

La declaración de Barbosa fue el testimonio más fuerte en defensa de Rousseff, en la sesión del Senado brasileño que antecede a la del lunes, en la que la mandataria pretende hacer su defensa, flanqueada por 15 ex ministros, manifestantes en la Explanada de los Ministerios y el respaldo de su mentor político, Luiz Inácio Lula da Silva.

"La presidenta no cometió ningún delito de responsabilidad", dijo, enfático, ante los senadores, el ex ministro de Planificación de Lula y último titular de Economía de Rousseff, sobre la acusación de que Rousseff emitió tres decretos sin aprobación del Congreso para redistribuir partidas presupuestarias y financiar el plan agrícola Zafra 2015.

Barbosa respondió a los senadores favorables al impeachment que defienden que existe delito de responsabilidad contra la Constitución cometido por Rousseff, quien se someterá a votación el próximo martes. Si es destituida con un mínimo de 54 votos dejará en la presidencia a su vice, que se pasó a la oposición y montó un gobierno interino calificado de "golpista" por quienes respaldan a la mandataria.

"La economía brasileña está sólida; tenemos 380.000 millones de dólares de reservas", dijo Barbosa, para el cual Rousseff llevó adelante un ajuste el año pasado, en busca de paliar la baja de la recaudación fiscal y de los precios de las materias primas.

Según Barbosa, nuevas reglas hechas por el tribunal de cuentas al presupuesto de Rousseff de 2015 fueron posteriores a las medidas por las que es juzgada, llamado popularmente "pedaleadas fiscales".

El vicepresidente del Senado brasileño, Jorge Viana, afirmó hoy que una eventual destitución de la presidenta Rousseff "hiere de muerte a la democracia" de Brasil y advirtió que el país está viviendo una situación "excepcional" con desequilibrio de armonía de los poderes.

Viana, del Partido de los Trabajadores y uno de los principales negociadores de la fuerza de Rousseff con el mundo político dijo que el proceso "es un juego de cartas marcadas" porque quienes están a favor de la destitución "no tienen en cuenta los hechos y sí su propia narrativa", al comentar los datos aportados por Barbosa.

"Es un golpe hecho por las élites y parte de los medios", se quejó Viana, ex gobernador del estado de Acre, limítrofe con Bolivia.

El ex ministro contó que 20 personas asisten al Ministerio de Economía, en la parte presupuestaria y legal para emitir resoluciones, y que es imposible que sean hechas en la ilegalidad y, sobre todo, con el conocimiento de todo el proceso de una norma por parte del jefe del Estado.

Indagado por la oposición, el ministro explicó que la economía brasileña comenzó en mayo a enfriarse pero admitió que entre las causas estaban "la caída del precio de las commodities y del petróleo, el corte de gastos, la paralización política del Congreso y la Operación anticorrupción Lava Jato".

El ministro era el anteúltimo testigo antes de la sesión histórica del lunes, en la que Rousseff será interrogada por quienes la apoyan y por sus críticos.

"Yo le voy a preguntar por qué mintió al pueblo en 2014 para aplicar una agenda diferente que nos llevó a esta crisis", dijo el senador José Medeiros, del Partido Social Demócrata (PSD), aliado a Temer.

En el Palacio de la Alvorada, Rousseff preparaba con sus asesores y los senadores aliados la estrategia para su pronunciamiento. Si bien nadie apuesta que tendrá los votos necesarios para evitar la destitución, buscará entre sus ex ministros de partidos de centro, hoy aliados a Temer, algunos respaldos en la votación decisiva.

"Dilma va a venir preparada a tomar una posición política clara para defender su gobierno y enfrentar las provocaciones. No creo que ella va a responder provocaciones con alguna provocación. Responderá en forma política todo lo que le sea preguntado", pronosticó el senador del Partido de los Trabajadores (PT) Paulo Rocha.

Por otra parte, el ultraconservador Ronaldo Caiado, de Demócratas, intentó abortar una estrategia de la defensa de Rousseff para que, si es destituida, la mandataria no pierda los derechos políticos por 8 años, ya que será condenada. "Es inadmisible y sería una violación a la Constitución", dijo Caiado.

Los aliados de Temer sostienen que la destitución será aprobada con cerca de 60 votos.

La aceptación de la acusación, hace dos semanas, fue aprobada por 59 votos contra 22, lo que dio a quienes apoyan a Temer una base política para desmoralizar las chances del campo de Rousseff.

En el plano judicial, Folha de Sao Paulo y la revista Veja publicaron una supuesta confesión del empresario Leo Pinheiro que, según dijo, había preparado un departamento para el ex presidente Lula en la playa de Guarujá como parte de un soborno que le había pagado su empresa, OAS, al detenido ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT).

La confesión de Pinheiro fue suspendida por falta de consistencia por el fiscal general, Rodrigo Janot, pero parte de su contenido está siendo divulgado a la prensa.

Lula y su esposa fueron acusados el viernes por un informe de la Policía Federal por el delito de corrupción sobre ese departamento, que no está en nombre del ex presidente y sí de la empresa OAS.